Después de 70 años, por primera vez habrá un juicio por los fusilamientos narrados en Operación Masacre

Foto: Leo Vaca | Agencia Télam

—Estamos en un momento muy importante no sólo para los familiares, sino fundamentalmente para todo el pueblo argentino porque los fusilamientos estaban dirigidos al pueblo en general.

El que habla es Alberto Palacio, abogado querellante en la causa que investigará por primera vez en la Justicia los fusilamientos en José León Suárez en junio de 1956. Aquellos crímenes, ocurridos nueve meses después del golpe de Estado contra Juan Domingo Perón, se describen en detalle en una joya periodística y literaria: Operación Masacre, escrita por Rodolfo Walsh.

De hecho, aquella investigación forma parte de la prueba presentada ante la Justicia federal de San Martín, provincia de Buenos Aires. El formato será el de juicio por la verdad, esto quiere decir que la investigación no resultará en una acción penal, sino que tiene como objetivo que quede inscripto en la Justicia la verdad de los hechos ocurridos entre el 9 y 10 de junio de 1956 durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, cuando doce hombres fueron secuestrados de una casa en Vicente López para fusilarlos en un basural de José León Suárez. Cinco de ellos fueron efectivamente fusilados pero los demás sobrevivieron. Walsh conoció esta historia a finales de 1956.

—Hay un fusilado que vive.

Así le dijeron y así lo escribió Walsh. Aquella frase cristalizada en el imaginario de la mayoría de los periodistas argentinos, llevó al periodista y traductor a investigar en profundidad los hechos ocurridos y descubrir así varias cosas, entre las más importantes: los sobrevivientes no eran uno sino siete y la ley marcial —en la que se ampararon los criminales— había sido dictada después del secuestro de los hombres.

El contexto de aquella noche de la masacre es el levantamiento del general Juan José Valle y el militar Raúl Tanco contra la dictadura. La violencia regía la vida pública de los argentinos, sobre todo después de los bombardeos de las Fuerzas Armadas contra la población en junio y septiembre de 1955, la instauración del golpe desde septiembre de ese año y, por consiguiente, la proscripción del peronismo y la persecución a sus militantes y ex funcionarios. Perón estaba exiliado. Lo estuvo por 18 años.

“El libro es uno de los elementos principales como prueba en la causa, para lograr el juicio”, sintetiza Palacio. Justamente, esa develación de Walsh —la hora de anuncio de la ley que “permitía” ejecutar sin juicio previo— es el centro del libro y también del inminente juicio: “Está probado que la orden, la ley marcial que disponía de alguna forma los fusilamientos, fue dictada y publicada posteriormente a la detención de los compañeros reunidos en Villa Martelli. Esto implica una vulneración de un principio constitucional central que es la irretroactividad de la ley, y que da fundamento principal a la posibilidad de continuar con el juicio y de considerar la absoluta arbitrariedad de la decisión adoptada. Más allá de de la absoluta ilegalidad de todo el procedimiento y de la dictadura, es decir fuera del sistema democrático, particularmente se da un hecho específico que fue tenido muy en cuenta por el jurado y es la publicación de la ley marcial en fecha posterior a la detención de las personas en Villa Martelli, que después que fueron trasladadas a la jefatura departamental de San Martín y después llevadas al descampado para su fusilamiento”.

Los fusilados esa noche fueron: Carlos Alberto Lizaso, Nicolás Carranza, Mario Brión, Vicente Rodríguez y Francisco Garibotti. Los sobrevivientes: Juan Carlos Livraga , Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Miguel Ángel Giunta y Julio Troxler.

Los hechos ocurrieron hace casi 70 años. El tribunal estableció que no hubo desde entonces ninguna investigación que prosperara. Eso, de alguna manera, permitió que ahora se diera este juicio.

“Hubo en un momento una denuncia que hace Livraga, que se le tomó directamente en el hospital de La Plata cuando él es internado como consecuencia de las lesiones que recibió, su padre lo acompañó y formuló una denuncia, pero quedó ahí en una vía muerta en la justicia militar. Y, por supuesto, en la justicia civil de ninguna forma se llevó nada adelante”, explica el abogado.

Cuando fue el 40° aniversario, en 1996, se creó en el partido de San Martín la Comisión de Familiares de Víctimas y Sobrevivientes de José León Suárez. Una de las integrantes es Berta Carranza, hija de Nicolás Carranza, el primer personaje que presenta Walsh en su investigación. Este medio habló con ella en esta nota publicada también hoy.

El camino para establecer una investigación judicial inició en 2023, con el impulso de esta comisión de familiares y también la Comisión por la Memoria de San Martín. Todavía no se estableció la fecha de inicio del juicio, pero hay expectativa de que sea hacia mitad de año, justamente cuando se cumplirán 70 años de los fusilamientos.

En este momento se están terminando de definir aspectos formales de la causa. Palacio estima que la duración del juicio será alrededor de una semana. Varios de los que ya declararon en la etapa de instrucción volverán a hacerlo: por ejemplo, Berta Carranza. También lo harán los periodistas Eduardo Anguita y Roberto Baschetti, por las respectivas investigaciones que hicieron. El único que queda de los sobrevivientes de los fusilamientos es Juan Carlos Livraga, quien vive actualmente en Estados Unidos, y declarará en el juicio vía Zoom.

Livraga es “el fusilado que vive”, en la investigación donde Walsh lo describe así: “No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Livraga. Pero después sé. Miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Livraga me cuenta su historia increíble; la creo en el acto. Así nace aquella investigación, este libro”.

Pruebas y antecedentes

La orden de elevar a juicio fue de la jueza Alicia Vence a cargo del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín. La noticia empezó a circular en medios a principios de abril. 

Palacio cuenta a este medio que cuando fue la solicitud de darle cauce una investigación para declarar estos hechos crímenes de lesa humanidad y hacer un juicio por la verdad, el tribunal y la fiscalía alojaron el reclamo. Ahí comenzó la etapa probatoria, el libro de Walsh es uno de los elementos principales. Además, están los testimonios de víctimas y familiares y de investigadores.

“A su vez se fueron pidiendo informes a distintos organismos del Estado nacional y provincial, al Poder Judicial, al Congreso de la Nación y se fue reuniendo una serie de documentación e informes que fueron elaborados por diferentes instituciones que, sin duda, alimentan la prueba”, puntualiza Palacio. 

Sin embargo, el abogado también contó que con el actual fiscal “hubo un intercambio desde punto de vista jurídico-técnico con el fiscal”: “Él en principio consideraba que el juicio por la verdad no era necesario, porque consideraba que ya habían existido homenajes a las víctimas y un reconocimiento en general por la opinión pública de la responsabilidad de la dictadura de Aramburu, y que en consecuencia llegar a un juicio por la verdad no era necesario. Nosotros nos opusimos a esa manifestación por considerar que llevar adelante un juicio, aunque sea en este caso por la verdad o más aún por la verdad, representa el acto reparatorio fundamental para las víctimas”.

Además, considera que “que en un juicio oral y público se condene a esa dictadura es  fundamental y que sea escuchado por las víctimas y que así lo diga una sentencia también”: “Que diga que esto fue un delito de lesa humanidad y que fue cometido por la dictadura de Aramburu, que exista un repudio público del hecho a través de una condena. En caso que el fiscal no considere o no quiera, la Corte autoriza a las querellas a impulsar un juicio oral y público. Es lo que ocurrió. En el intercambio que tuvimos con el fiscal, la jueza nos dio la razón a nosotros, considera que es necesario un juicio por la verdad, necesario para las víctimas, para su familia y para el pueblo argentino. Así que somos los querellantes los que impulsamos el juicio, en principio sin la fiscalía que no ha manifestado interés en hacerlo, cosa que nosotros por supuesto no aceptamos y hasta repudiamos”.

Para impulsar el juicio por la verdad hay dos antecedentes fundamentales. Por un lado, aquellos impulsados cuando regían las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos: esa batería de medidas impidieron que, luego del Juicio a las Juntas, continuaran las investigaciones sobre los delitos cometidos entre 1976 y 1983. Las únicas causas que siguieron su curso judicial fueron las causas por apropiación de menores y sustracción de identidad. En ese contexto, los juicios por la verdad fueron una herramienta para los familiares y sobrevivientes para establecer la verdad de los crímenes cometidos aunque no se condenar a los responsables por los delitos. Cuando esas leyes se anularon, la prueba producida en los juicios por la verdad sirvió para las causas de lesa humanidad que se retomaron en 2006.

Por otro lado, en 2022 se hizo un juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí: allí la justicia de Chaco reconoció la responsabilidad del Estado por la matanza de cientos de personas de los pueblos qom y moqoit a manos de la policía y grupos paramilitares de estancieros regionales ocurrida en julio de 1924.

Ambos fueron un antecedente claro para abrir el camino de juicio por la verdad por los fusilamientos de José León Suárez.

Más investigaciones

Laura Lagar es documentalista y directora de Desarrollo Sociocultural de la Municipalidad de San Martín. También integra la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia y el Movimiento de Derechos Humanos del distrito. En 2016 presentó un documental sobre los fusilamientos en José León Suárez en el Festival de Cine de Mar del Plata, pero el germen de este trabajo fue una pieza que produjo para trabajar en escuelas. A partir de las inquietudes de chicas y chicos, siguió tirando del hilo y así se expandió la investigación que terminó en el documental «Hay un fusilado que vive…». La dirección fue suya y de Mario Salvado, de la productora Vacasagrada Audiovisual. El documental, además de contar la historia de los 12 hombres secuestrados, repone el contexto en que se cometen aquellos crímenes.

“¿Cómo es que llegamos a aquella masacre? ¿Qué pasó? Nosotros vivimos en San Martín y los vecinos no saben ni que pasó esto. Si no es por haber leído el libro Operación Masacre no lo asocian que ese hecho pasó en nuestros barrios. No hay una cuestión de identidad”, explica a este medio.

“Lo que quiero decir es que los hechos históricos a veces transcurren en nuestros barrios, en nuestras calles y nosotros no somos conscientes de que eso pasó en nuestra cercanía, no tenemos identidad con los hechos”, por eso además de la pieza audiovisual ahora continúa su trabajo junto con Gastón Garrido para presentar un libro en el marco del 70° aniversario. El libro quiere contar la historia de las familias, cómo siguieron las vidas de las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez.

Pero la ambición es que este libro sea sólo la primera parte de la investigación: quieren contar la historia de los 33 fusilados en el 56, durante la dictadura de Aramburu. 

Tanto los familiares organizados en la Comisión antes mencionada como Lagar como el abogado Palacio, coinciden en que estos fusilados, y ni hablar estos 33, fueron de alguna manera olvidados. El hecho de que la Justicia nunca se hiciera eco, profundiza ese pesar. Ahora, parece, falta poco para empezar a revertir esa impunidad.