Los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y Seguridad, Pablo Cococcioni, mantuvieron un encuentro con representantes de la Justicia provincial y federal. Fue para analizar las acciones de implementación de la reciente norma aprobada en Santa Fe y que se encuentra orientada a investigar casos de “narcomenudeo”.
El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, mantuvieron una reunión con representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Servicio Público de la Defensa Penal, del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, de la Justicia Federal, y de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), para intercambiar aspectos sobre la implementación de la nueva Ley provincial 14.239 de Adhesión a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes.
Con la nueva normativa, que entró en vigencia el último 29 de diciembre, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
En referencia a la convocatoria, Fabián Bastia subrayó que “para nosotros éstas reuniones son útiles, ya que permiten hacer balances, como así también mejorar la coordinación a la hora de llevar resultados para todos los santafesinos. De a poco se van notando los resultados en la implementación de la nueva normativa que involucra a todos los actores y marca un nuevo paradigma de trabajo en la provincia”, destacó.
Por su parte, Pablo Cococcioni, evaluó que “fue una buena reunión” y resaltó “la participación de representantes de la Justicia Federal, como de la Cámara Federal de Rosario, o jueces federales de distintos puntos de la provincia y estamos muy agradecidos”.
En un momento del encuentro, que se desarrolló el Salón Protocolar de Casa de Gobierno, ingresó Maximiliano Pullaro a saludar a los participantes y “agradecerles por la predisposición que estamos encontrando en todos los niveles del Estado para pelear contra algo que tanto afecta a los santafesinos como es el narcomenudeo y las organizaciones criminales, y que sepan que nuestro Gobierno tiene todo el compromiso para pelear de manera frontal hasta que recuperemos los niveles de paz y tranquilidad que la Provincia merece”.
A un mes de la implementación de la Ley de Microtráfico, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, derribó cinco búnkeres en la ciudad de Rosario. En todos los casos, estaban vinculados a causas que se venían investigando por la venta de drogas a las órdenes de bandas delictivas de reconocido nombre.
Con esta ley se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefaciente en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa. También, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La justicia federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.
Además, en diversos operativos en calle, la policía de Santa Fe secuestró más de 2500 envoltorios de marihuana y cocaína que provenían del narcomenudeo.
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