Solange Daira Funes, de 19 años, fue arrestada en un operativo que involucró 25 allanamientos. Será imputada junto a su hermano por los ataques y amenazas en abril y mayo de este año
Solange Daira Funes, de 19 años, hermana del narcotraficante Alan Elio Funes, fue arrestada en la mañana de este lunes 30 de septiembre en un operativo que involucró 25 allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI), la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la fuerza provincial de Santa Fe.
Dichos operativos se llevaron a cabo en las localidades de Rosario y Alvear, y fueron dirigidos por el fiscal Pablo Socca, quien investiga una serie de ataques en abril y mayo de este año, donde hubo 23 autos incendiados y amenazas hacia el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Durante los procedimientos, se incautaron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que serán analizados como parte de la investigación. En particular, se secuestraron tres armas y dinero en efectivo.
Solange fue detenida en Ercilia al 200 bis, mientras que Nerina D. (20), novia de Carlos Luciano Cavallari, fue arrestada en Teniente Agneta al 200 bis. En la misma causa se encuentra Alan Funes, quien es considerado el jefe del clan narcocriminal y actualmente está recluido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz.
La investigación a cargo del fiscal Socca se centra en los ataques incendiarios que tuvieron lugar en Rosario entre el 27 de abril y el 12 de mayo, en los que se incendiaron 23 vehículos. El fiscal sugirió que estas acciones podrían haber sido instigadas por Alan Funes desde prisión, especialmente luego de que se impusieran restricciones a sus comunicaciones a partir del 24 de abril. En este contexto, se reveló que Leila Daiana Schmitt, pareja de Alan Funes, fue grabada en dos de los ataques, donde participó junto a otros sospechosos utilizando una camioneta Fiat Fiorino para llevar a cabo atentados en múltiples puntos de la ciudad.
La primera secuencia de ataques se registró el 27 de abril, mientras que la segunda fue captada el 3 de mayo, cuando Schmitt y tres cómplices fueron filmados en un Volkswagen Gol en la zona noroeste de Rosario, justo antes de que cinco vehículos estacionados en White al 7600 fueran incendiados. En ese lugar, se encontró un cartel que contenía amenazas dirigidas a una escuela primaria.
Por otro lado, en la misma causa, ya habían sido imputados en mayo pasado Leila Daiana Schmitt, Yamila Elisabet Aguirre y Carlos Luciano Cavallari, quienes enfrentan cargos de amenazas coactivas calificadas, intimidación pública agravada por el uso de explosivos y por el propósito de obtener medidas o concesiones de los poderes públicos, y se encuentran bajo prisión preventiva.
Además de los arrestos de Solange y Nerina, el operativo de este lunes resultó en la detención de otras tres personas identificadas como integrantes del Clan Funes. La Policía de Santa Fe busca desmantelar esta organización, acusada de extorsiones y balaceras vinculadas a disputas narco en la región. Alan Funes, conocido por su extenso historial delictivo, que incluye condenas por homicidios y otros delitos graves, ha sido un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad.
Este clan ha sido comparado con Los Monos, la banda emblemática del narcotráfico en Rosario. Alan Funes, que ha estado tras las rejas desde los 18 años, vio cómo su familia se involucró en actividades criminales a lo largo de los años. Su hermano Jonathan, apodado «Bam Bam», fue asesinado en 2018 tras visitar a Alan en el penal donde estaba alojado.
El caso atrajo la atención de las autoridades y de los medios de comunicación, no solo por la gravedad de los delitos, sino también por la naturaleza organizada y violenta de las acciones del clan. Se espera que la situación procesal de las cuatro personas demoradas se resuelva en las próximas horas, mientras que el fiscal Socca continúa trabajando en el caso para garantizar que los responsables sean llevados ante la Justicia.
La causa sigue en desarrollo bajo la supervisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ha priorizado esta investigación dentro de su Plan de Persecución Penal, centrando sus esfuerzos en desmantelar estructuras criminales que amenazan la seguridad pública.
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