El tema fue denunciado por el gobierno provincial ante la Justicia a la ONG Grávida debido a que "intentó impedir su derecho a decidir" sobre la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo (ILE) a una niña de 12 años abusada por su padre
Las integrantes de la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de Santa Fe se entrevistarán este lunes con la secretaria de Niñez provincial, Patricia Chialvo, para interiorizarse de las acciones del Estado en el caso de la niña de 12 años abusada por su padre y que no pudo abortar porque fue captada por una ONG, informaron este miércoles voceros oficiales.
Del encuentro, que se desarrollará en Casa de Gobierno, participarán la presidenta de la comisión, Lucila De Ponti, y sus pares Gisel Mahmud, Rosana Bellatti, Silvana Di Stéfano, Agustina Donnet, Betina Florito, Mónica Peralta y Dámaris Pacchiotti.
Además, se prevé la presencia de funcionarios de los ministerios de Salud y de Igualdad, Género y Diversidad, que también intervienen en la situación de la niña.
El gobierno provincial denunció ante la Justicia a la ONG Grávida debido a que «intentó impedir su derecho a decidir» sobre la práctica de un aborto a una niña de 12 años abusada por su padre.
La investigación será realizada por la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a través del fiscal Ignacio Suasnabar hasta el 15 de enero por la feria judicial y luego quedará en la oficina de la fiscal Jorgelina Mosser Ferro.
La denuncia fue acompañada por la información derivada de las intervenciones estatales en el caso de la niña, «en la cual se habría intentado obstaculizar una ILE por parte de personas pertenecientes a la ONG Grávida».
Las diputadas de la Comisión de Género solicitaron la entrevista con Chialvo para conocer todo lo actuado por el Estado en el caso y lo ocurrido con Grávida, la ONG católica.
El 19 de diciembre pasado la niña fue llevada por su madre a un control médico en la localidad de Garibaldi y allí se comprobó que estaba embarazada, por lo que ambas manifestaron la intención interrumpir la gestación y firmaron un consentimiento, pero la práctica no pudo realizarse por intervención de la ONG.
Por otra parte, la fiscal Alejandra Del Río Ayala imputó al padre de la niña, identificado con las iniciales G.M.A., de 42 años, por el delito de abuso sexual agravado, y posteriormente la Justicia le dictó la prisión preventiva.
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