Si bien la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves en general el proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en la provincia, le introdujo modificaciones que morigeran su original carácter esencialmente punitivo. Los cambios sustanciales refieren a las sanciones, que en el nuevo texto son solo para quienes exijan «de modo intimidatorio» un pago, o integren organizaciones que se manejen en modo extorsivo. En otro plano, incorpora «acciones de prevención e inclusión social». También atiende otros reclamos surgidos en la controversia por la iniciativa por parte de los intendentes: ordena crear dos cargos para jueces de primera instancia, en Rosario y Santa Fe, que serán los que decidan eventuales sanciones o no y otras medidas. Ahora el Senado, que le había dado media sanción a la redacción original, deberá debatir las correcciones.
La norma introduce modificaciones al Código de Convivencia de Santa Fe para, entre otras cosas y la que generó más cuestionamientos, fija sanciones para quienes sin autorización de la autoridad competente y cuando se encuentre prohibido por normativa local (municipal o comunal) “exigiera, impusiera, o requiriera de modo intimidatorio el pago de una suma de dinero, beneficio o retribución económica» por gestionar el «estacionamiento de vehículos» o para cuidar o limpiar los rodados.
El presidente de la Comisión de Seguridad de Diputados, Martín Rosúa, explicó que el objetivo de la norma es ordenar el uso del espacio público y fijar sanciones para quienes ejerzan intimidaciones para exigir dinero a cambio de cuidar o lavar vehículos en la calle.
Rosúa resumió los dos niveles que incluye la iniciativa: establece una contravención provincial y sanciones para esos casos y transfiere a los municipios la potestad de definir las ordenanzas para ponerlas en marcha. Durante el debate en el recinto, el legislador explicó que el problema del texto aprobado por el Senado era la falta de tipificación del delito. A su entender, la nueva redacción diseña «una alternativa legislativa razonable» que morigera la generalización y ataca centralmente «las conductas abusivas».
Inclusión de otras medidas
El texto modificado en Diputados y devuelto al Senado tiene 8 artículos y uno de forma.
Agrega acciones de prevención a las punitivas: «El Poder Ejecutivo implementará acciones de prevención e inclusión social que incluirán capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordaje en materia de salud mental y consumos problemáticos, entre otros, priorizando la articulación con los gobiernos locales», señala el artículo 5.
En el siguiente, «se insta a los Municipios» a que contribuyan en lo que les corresponde a esas acciones.
Las sanciones punitivas
El proyecto de ley fija la prohibición de concurrencia «por un máximo de hasta 60 días» al lugar donde se hubiera producido los abusos o la extorsión. Ese plazo podrá extenderse a 120 días en algunos casos: si fue en zonas de estacionamiento tarifado o medido, en las inmediaciones de eventos públicos masivos (el clásico manejo a cargo de los barrabravas), o ante el «aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad o discapacidad de la víctima».
El texto prevé que esas sanciones puedan ser reemplazadas por trabajo comunitario. Y fija una pena «con arresto de hasta 10 días» para quienes se pruebe que actuaron como organizadores o coordinadores de la actividad con modalidad intimidatoria.
Menos duro
El texto votado en la Cámara baja morigera el tono del proyecto original impulsado por el senador por Rosario, Ciro Seisas, aprobado en el Senado. Esa redacción establecía la prohibición en todos los casos. Los cambios hacen eje en las situaciones extorsivas y añade una dimensión preventiva que, se verá, requerirá un presupuesto acorde.
La diputada del socialismo Lionella Cattalini expuso sobre los complementos sociales introducidos a la normativa y las diferencias que delinean los cambios: «Hay personas que están en extrema situación de vulnerabilidad y hay otros que ejercen esta actividad con violencia».
También remarcó que el control del espacio público «es un tema estrictamente municipal» que reforzó la reforma de la Constitución provincial. «La respuesta del Estado frente a la violencia no puede estar supeditada a una ordenanza, sino que es un tema de la provincia y hay que igualar cómo respondemos frente a la violencia», agregó.
