Rosario, jueves 29 de octubre de 2026
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Rosario, jueves 29 de octubre de 2026

Diputados debate este jueves el paquete de leyes de seguridad, tras una jornada sin dictamen y con la interna oficialista sin resolver

Bastia y Cococcioni respaldaron el texto original del Ejecutivo ante los diputados de Unidos, pero radicales y socialistas no lograron cerrar las diferencias sobre el Código Procesal Penal. El plenario de comisiones se reúne este jueves por la mañana, horas antes de la sesión prevista para hoy
Legislatura de Santa Fe

La Cámara de Diputados de Santa Fe debate este jueves el paquete de leyes de seguridad pública impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, en una sesión convocada para las 10 con tratamiento preferencial. El oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe no consiguió este miércoles el dictamen de comisiones: las diferencias entre radicales y socialistas sobre las reformas al Código Procesal Penal obligaron a postergar la firma del despacho, que se intentará concretar este jueves por la mañana, en un plenario previo a la sesión.

Los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, estuvieron dos horas en la sala Miguel Lifschitz de la Cámara baja reunidos con los diputados del interbloque Unidos. Al retirarse, ratificaron la redacción original del proyecto: «El Poder Ejecutivo vino a respaldar el mensaje enviado en mayo. Es lo que necesita el Poder Ejecutivo», señalaron.

Pese al respaldo de los ministros, las diferencias persistían al cierre de la jornada. Desde el socialismo hay reparos en avanzar con mayores facultades para las fuerzas de seguridad, mientras que desde el radicalismo se ofrecen alternativas para la redacción de las leyes. Para este jueves, temprano, está prevista una reunión antes de las convocatorias a comisiones.

El cronograma previsto para este jueves contempla, a las 10, un plenario de las comisiones de Seguridad, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para dos de los mensajes: la creación del sistema provincial de intervención de los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos y la incorporación del artículo 21 bis a la ley N° 13014 de Servicio Público de la Defensa Penal. El Senado ya votó ambos temas, aunque sin el aval de la bancada justicialista. Luego volverá a reunirse el plenario de Seguridad y de Asuntos Constitucionales para intentar dictaminar sobre el proyecto de «Herramientas para el Mejoramiento de la Seguridad Pública».

Ese tercer mensaje, el más resistido, apunta a modificar seis leyes vigentes en la provincia. Entre ellas propone reformar nueve artículos del Código Procesal Penal. Los puntos más cuestionados por opositores y abogados son las redacciones sobre allanamientos sin autorización judicial, el cese del estado antijurídico y las medidas privativas de la libertad. La propuesta también pide modificar un artículo de la ley de Ejecución Penal, otro de la de Inteligencia, varios del sistema de recompensas y cambios en sendos artículos de la norma orgánica de la policía y del Código de Faltas.

Durante la ronda de consultas, la Corte Suprema provincial, el Ministerio Público de la Defensa, colegios de abogados y especialistas en derecho penal presentaron objeciones. El ministro Daniel Erbetta advirtió que el proyecto contiene «una delegación de facultades a la policía e incluso de facultades jurisdiccionales a los propios fiscales que entran en conflicto con estas normas constitucionales y, en general, con los estándares internacionales». La Defensora General, Estrella Moreno Robinson, también presentó un escrito con reparos institucionales.

El gobernador respondió este miércoles con dureza a quienes califican de inconstitucional el paquete de seguridad. Tras un acto de ascensos del Servicio Penitenciario, Pullaro fue tajante: «Que estudien la Constitución». Y agregó: «Yo no voy a mandar ninguna ley que sea inconstitucional».

El mandatario provincial apuntó sus críticas contra la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, a la que acusó de tener un solo objetivo: «defender a los delincuentes que hace tres años mandaban a matar, a extorsionar y les pagaban sus honorarios». Volvió a instalar las expresiones «garantismo bobo» y «justicia ingenua», y sostuvo que «durante mucho tiempo se romantizó el delito en Santa Fe y en la República Argentina».

Respecto de las observaciones de la Corte Suprema provincial, minimizó las diferencias: «Se está planteando medir algunas garantías y lo vamos a hacer». En materia de datos, precisó que los homicidios bajaron de 344 a esta altura de 2023 a 128 en 2026, y consideró que se trata del registro más bajo del siglo.