Las dudas sobre la decisión del gobernador derivaron una advertencia de Fiscalía de Estado, en abril de 2017, sobre la falta de precisiones en las actuaciones para asegurar que la empresa quedaba exenta de responsabilidades.
El bloque de diputados del Frente Para la Victoria-PJ (Silvia Simoncini, Patricia Chialvo, Roberto Mirabella, Germán Bacarella y Héctor Cavallero) presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que el Ejecutivo provincial remita información “acerca de todo aquello que fue tenido en cuenta para la firma del decreto 90/18 que sacó el gobernador Miguel Lifschitz con fecha 1º de febrero, donde ratifica la rescisión absoluta sin culpa de ambas partes, la provincia y Arssa, del contrato de concesión de la autopista Rosario-Santa Fe”.
La documentación requerida incluye expedientes administrativos, el dictamen de la Fiscalía de Estado, los informes técnicos elaborados por estudios privados y todo otro documento obrante en el expediente en cuestión sobre la rescisión que sirvió de base a la emisión del decreto que ratificó la extinción del contrato con la empresa Autopista Rosario-Santa Fe Sociedad Anónima.
En 2016, también mediante decreto, el gobierno había intentado rescindir el contrato por mutuo acuerdo con la firma. “Nosotros hemos seguido de cerca este tema”, recordó Simoncini. “Y alertamos permanentemente de los incumplimientos del contrato por parte del consorcio de empresas que perjudicaba la provincia en 1.500 millones de pesos”, amplió la legisladora.
La cifra, explicó, surge “en función de los informes que dieron la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral, que no fueron tenidos en cuenta por el Ejecutivo”.
Las dudas sobre la decisión del gobernador derivaron una advertencia de Fiscalía de Estado, en abril de 2017, sobre la falta de precisiones en las actuaciones para asegurar que la empresa quedaba exenta de responsabilidades, remontaron los diputados opositores. “Fue allí cuando se dictó el decreto 1.017 y se encomendó al Ministerio de Infraestructura y Transporte a revisar todo el proceso en un lapso de 180 días”, remarcaron.
“Pero en lugar de tomar las conclusiones de las casas de altos estudios, Lifschitz contrató a dos estudios privados –el del ingeniero Miguel Gueydan y Cassagne Abogados– para que elaboren dos informes, uno jurídico y el otro contable”, repasó la diputada. “Luego –completó– la Fiscalía de Estado utilizó estos estudios para dictaminar que se rescinde el contrato y nadie es responsable por la no ejecución de obras de mantenimiento, los sucesivos incrementos en las tarifas del peaje, o el incumplimiento del contrato de concesión”.
Finalmente, detalló que “a partir de todas esas actuaciones, es decir el dictamen de Fiscalía y ambos estudios técnicos, el gobernador decidió rescindir el contrato argumentando que habría responsabilidades compartidas, por incumplimiento del concesionario y faltas de la provincia, y que por ende corresponde la rescisión de común acuerdo”.
“Esta es la razón por la que hicimos este pedido de informes, solicitamos de manera urgente la documentación mencionada para proceder a un análisis exhaustivo de lo ocurrido y que nadie pueda sacudirse las responsabilidades”, concluyó la dirigente justicialista.
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