Diputados: Paulón insiste con su proyecto para que el gobierno nacional formalice las funciones de Santiago Caputo

El diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo formalice las funciones de Santiago Caputo, luego de que el presidente Javier Milei admitiera que su asesor estrella, quien figura en los registros de la administración pública con un simple contrato de locación, tiene más poder en la estructura de la Casa Rosada que su propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“NO SEAS FANTASMA, SANTI. Santiago Caputo es la persona con más poder del gobierno y no responde legalmente ante nada. No figura como funcionario público y su designación es un simple contrato de locación. No puede seguir así. Presenté un proyecto para decirle basta a esta práctica”, indicó el legislador socialista en un posteo de la red social X.

Esta iniciativa, que obliga a los consejeros presidenciales a presentar declaración jurada patrimonial, había sido presentada por Paulón en octubre pasado junto a su colega santafesina y socialista Mónica Fein.

El proyecto incorpora a la ley de Ética Pública un párrafo por el cual se establece que “se entiende por Alta Dirección Pública a las funciones expresamente establecidas en la Constitución Nacional en el artículo 99 y que delegue el presidente, secretarios presidenciales, jefe de Gabinete y ministros del Poder Ejecutivo Nacional en otros funcionarios de menor rango, asesores o consultores contratados”.

Y se agrega que “cuando la asesoría se realice sobre facultades que la Constitución Nacional confiere expresamente al presidente de la Nación, el/los asesor/es deberán cumplimentar con todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación de los actos presidenciales delegados”.

Por otra parte, el proyecto dispone que “todos los funcionarios independientemente de su forma de contratación con cargos de Alta Dirección Pública y/o con remuneraciones iguales o mayores a 1.500 Unidades Retributivas de Servicios del Sistema Nacional de Empleo Público” queden obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales.

Para los dos diputados socialistas del bloque Encuentro Federal, no es posible «aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas de su patrimonio antes, durante y después de su función pública”.

“Las modificaciones normativas planteadas aquí confluyen hacia la idea de fortalecer e independizar la Oficina Anticorrupción. Al establecerse de manera expresa quiénes son los funcionarios que deben cumplimentar con los requisitos inherentes a su función en el ingreso y, luego, a su salida, permiten a la OA el control patrimonial de quienes asumen responsabilidades manifiestas en el ejercicio funcional del Estado dentro del esquema normativo actual, con la OA dentro del Poder Ejecutivo”, completaron los santafesinos en los fundamentos de la norma.