Doce apóstoles bien pertrechados: cómo vendían armas mediante testaferros en todo el país

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó con prisión preventiva a doce personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a adquirir, transferir y hacer circular armas de fuego de manera irregular, mediante la utilización de usuarios interpuestos, gestores administrativos, armerías y operadores registrales. Entre los imputados figura un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, acusado además por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación se inició en julio de 2024 a partir de una denuncia presentada por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, luego de una pesquisa preliminar impulsada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que había detectado maniobras irregulares en la adquisición y registración de armas de fuego. El caso quedó radicado en el Juzgado Federal de Campana, razón por la que también intervino la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, a cargo del fiscal federal Sebastián Alberto Bringas.

El juez procesó a uno de los imputados como presunto jefe de la asociación ilícita y al resto como miembros de la organización. Además, todos fueron considerados coautores del delito previsto en el artículo 189 bis inciso 4 del Código Penal, referido a la provisión y circulación ilegal de armas de fuego. En el caso del policía imputado, el magistrado sumó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

González Charvay también dispuso embargos sobre los bienes de los acusados por sumas que van de los 100 a los 150 millones de pesos, según el grado de intervención atribuido a cada uno y los delitos imputados.

De acuerdo con la resolución judicial firmada el viernes pasado, la pesquisa permitió reconstruir “un circuito funcional y permanente de provisión irregular de armamento”, a partir del análisis de intervenciones telefónicas, tareas investigativas, información registral y los resultados de los allanamientos realizados en abril pasado.

El magistrado sostuvo que “la cantidad y entidad de la prueba producida resulta por demás suficiente para corroborar —al menos con la exigencia de esta etapa procesal— una gran cantidad de circunstancias relacionadas con las actividades delictivas aquí investigadas, permitiendo conocer la estructura principal de la organización, así como también su funcionamiento”.

Según la resolución, se verificó la existencia de al menos 742 armas registradas a nombre de personas vinculadas a la organización cuyo destino no pudo ser determinado, ya que no fueron halladas ni en poder de sus titulares registrales ni en los domicilios declarados como lugares de guarda.

Para el juez, las tareas investigativas permitieron advertir “reiteraciones sistemáticas en los mecanismos de adquisición y transferencia del armamento”, con intervención recurrente de gestores, armerías, certificantes y usuarios que actuaban como aparentes legítimos usuarios de armas de fuego, aunque no ejercían la tenencia material efectiva de ese armamento.

La resolución también destacó que las intervenciones telefónicas incorporadas a la causa permitieron documentar conversaciones vinculadas con certificaciones registrales, cobros por trámites, utilización de terceros para registrar armas y referencias a operaciones irregulares relacionadas con la circulación de armamento.

Los perfiles de los imputados

Entre las doce personas procesadas hay diez hombres y dos mujeres. De acuerdo con la investigación, los acusados cumplían distintos roles dentro de la estructura investigada: había gestores vinculados a trámites ante la ANMAC, responsables y empleados de armerías, legítimos usuarios de armas que habrían actuado como intermediarios o testaferros registrales, un integrante de la Policía de la Ciudad que realizaba certificaciones para trámites de armamento y exempleados o exagentes vinculados al RENAR/ANMAC que intervenían en procesos administrativos relacionados con transferencias y registraciones.

Según la resolución, la organización habría funcionado mediante una estructura estable y permanente, con distribución de tareas orientadas a facilitar la adquisición, registración y circulación irregular de armas de fuego a través de usuarios interpuestos y operadores con acceso o conocimiento de los mecanismos registrales.

Los fundamentos de los procesamientos y la prisión preventiva

De acuerdo con la imputación, la organización habría operado al menos desde enero de 2022 mediante una estructura estable y permanente, con división funcional de tareas y utilización de usuarios interpuestos o “testaferros registrales” para registrar armas que luego eran desviadas hacia circuitos informales.

El magistrado señaló que las constancias reunidas permitían acreditar, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa, “la existencia de una organización estable y permanente integrada por múltiples sujetos que cumplían funciones diferenciadas y coordinadas entre sí”.

También remarcó que las maniobras investigadas “no aparecen como hechos aislados u ocasionales, sino como parte de una estructura organizada y sostenida en el tiempo”, con “utilización sistemática de idénticos mecanismos y permanencia de vínculos funcionales entre sus integrantes”.

En relación con el delito previsto en el artículo 189 bis inciso 4 del Código Penal, el juez entendió que la investigación permitió acreditar “la existencia de un circuito organizado destinado a facilitar, proveer, transferir y hacer circular armas de fuego por fuera de los mecanismos legales de control establecidos por la normativa vigente”.

La resolución destacó además que la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM) había advertido sobre la utilización de “testaferros registrales” como modalidad recurrente para facilitar la circulación irregular de armamento por fuera de los mecanismos de control estatal.

Respecto del policía imputado, el juez consideró que habría intervenido en certificaciones vinculadas a trámites de armamento “incumpliendo los deberes funcionales inherentes a su condición de funcionario policial”, particularmente en lo relativo a la verificación de identidad de las personas y autenticidad de firmas certificadas.

Al fundamentar la prisión preventiva para los/as procesados/as, González Charvay sostuvo que la gravedad de los hechos investigados, la pena en expectativa, la magnitud y complejidad de la organización investigada y la existencia de vínculos funcionales entre sus integrantes permitían considerar configurados riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

En ese sentido, valoró especialmente la capacidad operativa demostrada por la organización, la posibilidad de influir sobre elementos probatorios aún pendientes de producción y el acceso de algunos imputados a información y mecanismos vinculados con los sistemas registrales y administrativos relacionados con el control de armas.

El inicio de la investigación

La pesquisa se originó luego de que la ANMAC realizara un relevamiento sobre nuevos legítimos usuarios de armas que, desde enero de 2022, habían solicitado la tenencia de cinco o más armas en un corto período de tiempo. El organismo detectó casos en los que los ingresos declarados no resultaban compatibles con la cantidad ni el valor económico del armamento adquirido.

También se observaron compras reiteradas de armas idénticas, especialmente pistolas semiautomáticas calibres 9 milímetros, .40 y .380 de marcas Bersa, Glock y Taurus, además de irregularidades en domicilios declarados para la guarda de armas.

La investigación identificó además coincidencias en números telefónicos, correos electrónicos y domicilios utilizados en distintos trámites registrales, así como la reiterada intervención de determinados gestores y operadores vinculados a armerías.

Según la resolución, de 147 casos detectados inicialmente por la ANMAC, el organismo realizó 38 inspecciones y encontró irregularidades en 35 de ellas. A partir de esos resultados, la UFECO impulsó la investigación judicial que derivó en los allanamientos y detenciones concretadas en abril pasado.

Hubo entonces 140 allanamientos simultáneos en todo el país, coordinados por el Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA, con la participación de distintas áreas operativas y de inteligencia de esa fuerza federal.

Los procedimientos se desplegaron en trece jurisdicciones, con la siguiente distribución: 73 en la provincia de Buenos Aires, 18 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 en Tucumán, 12 en Santa Fe, 10 en Córdoba, 3 en Mendoza, 3 en San Luis, 2 en Misiones y 1 en cada una de las provincias de Corrientes, Neuquén, Salta, Tierra del Fuego y Chubut. En total intervinieron 193 brigadas y 772 efectivos. Como resultado de los operativos se logró el secuestro de unas 120 armas de fuego con el siguiente detalle: 55 pistolas, 25 escopetas, 17 revólveres, 8 ametralladoras, 7 fusiles, 5 carabinas y 3 pistolones.

También se incautaron una granada de mano Mk 2, más de 40.000 municiones de distintos calibres y una cantidad significativa de documentación y dispositivos electrónicos considerados de interés para la causa. Asimismo, se incautaron otros elementos vinculados a las maniobras investigadas, lo que permitió profundizar las líneas de análisis sobre el funcionamiento de la organización.