Ciudad

Docentes de la UNR paran este jueves, cuando el Senado tratará el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario

La medida de fuerza local es parte de la jornada de protesta a escala nacional para sostener la norma que asegura un mínimo presupuesto para las casas de estudios superiores y una recomposición salarial para profesores y no docentes, sectores de los más afectados por la pérdida de poder adquisitivo. Habrá concentración en la plaza San Martín y clases públicas

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que son representados por el gremio Coad cumplirán este jueves con un nuevo paro y una jornada de protesta prevista en la plaza San Martín, de Córdoba y Dorrego, desde las 11. La medida de fuerza es en reclamo de una recomposición salarial y contra el rechazo del ahogo presupuestario imlementado por el Gobierno nacional. La decisión local sintoniza con la nacional que, en el mismo sentido, apunta a acompañar el tratamiento en el Senado del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que ya fue rechazado en Diputados.

«A través de una contundente votación, los docentes de la UNR definimos una nueva jornada de acción y de protesta. Profundizamos la lucha y hacemos fuerza en las calles, que los senadores escuchen el grito de todos los argentinos: la universidad pública y gratuita es una conquista y un derecho de todo el pueblo argentino, ¡rechacen el veto de Milei!», señalaron desde Coad.

Otras actividades previstas para la jornada de protesta son dos clases públicas. Serán a las 14 y a las 15 en la plaza San Martín, donde también habrá una pantalla que reflejará en vivo la sesión del Senado en la que se tratará el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Los diputados ya rechazaron el veto a mediados de septiembre y por una mayoría abrumadora: 174 votos por sostener la ley, 67 por el acompañamiento al veto y dos abstenciones. En la Cámara alta se espera el mismo resultado y con similar contundencia. La duda es si, como ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, el Ejecutivo la promulga pero no la pone en práctica y la reenvía al Congreso con la excusa que no está explicitado de dónde surgen los fondos.

 

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