Dos años de la gestión Milei en salud: fuerte ajuste, menos medicamentos y cierre de programas clave

Fuente, El Diario

A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, el sistema de salud argentino atraviesa un proceso de desfinanciamiento y desarticulación institucional que impacta de manera directa en el acceso a medicamentos, la atención hospitalaria, la formación de profesionales y la equidad entre provincias. Así lo señala un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, que analiza las políticas sanitarias nacionales implementadas durante 2024 y 2025.

Según el estudio, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud de la Nación cayó un 31% en términos reales entre 2023 y 2024 y volvió a reducirse un 13% en 2025. De este modo, la contracción acumulada alcanza el 34% en relación con 2023. A esta baja se suma una subejecución persistente de los recursos disponibles, especialmente en partidas vinculadas a la atención directa, los hospitales públicos y la provisión de bienes esenciales.

El ajuste tuvo un impacto particular sobre los programas sanitarios nacionales. En 2024, el gasto ejecutado en estos programas se redujo un 35% en términos reales. El programa Sumar, clave para el financiamiento del primer nivel de atención, registró una caída del 28%. En el mismo año, el programa de VIH sufrió una reducción cercana al 50%, mientras que en 2025 el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles cayó un 30%, afectando la distribución de vacunas del Calendario Nacional.

Los hospitales nacionales y los establecimientos Samic también resultaron fuertemente afectados. El Hospital Posadas ejecutó en 2024 un presupuesto que implicó una reducción real del 32% respecto de 2023, mientras que el Hospital Laura Bonaparte acumuló una caída del 46% entre 2023 y 2026. En el caso de los hospitales SAMIC, las transferencias nacionales se redujeron un 17% en términos reales entre 2023 y 2025, con recortes significativos en instituciones estratégicas como el Garrahan, El Cruce y El Calafate.

La política de medicamentos constituye otro de los ejes críticos del informe. Se registra una fuerte retracción del rol del Estado en la provisión y el financiamiento de tratamientos esenciales, con una reducción marcada en la distribución de medicamentos del programa Remediar y en la entrega de tratamientos oncológicos. En 2024 también se desplomó la distribución de métodos anticonceptivos y preservativos, producto de la subejecución de las metas físicas.

En paralelo, los cambios en la cobertura de medicamentos del Pami trasladaron el ajuste directamente a los jubilados. Entre fines de 2023 y 2025, el gasto de bolsillo de los afiliados aumentó muy por encima de la inflación y de la evolución de los haberes previsionales. Como consecuencia, cayó de manera sostenida el consumo de medicamentos bajo receta, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, incluso en tratamientos crónicos y de salud mental.

El informe también advierte sobre un debilitamiento estructural en la formación de la fuerza laboral en salud. El desfinanciamiento de la educación técnica, la redefinición de las residencias como becas sin encuadre laboral y la desarticulación del Examen Único de ingreso configuran, según la fundación, un escenario de precarización y fragmentación que compromete la disponibilidad futura de profesionales, especialmente en las provincias con menor capacidad fiscal.

La situación se replica en el área de discapacidad. Entre 2023 y 2025, el presupuesto ejecutado de la Agencia Nacional de Discapacidad se redujo un 25% en términos reales. A esto se suman cambios normativos y administrativos que generaron demoras, suspensiones de pensiones y mayores dificultades de acceso a las prestaciones, además de tensiones crecientes con los prestadores por la falta de actualización de aranceles.

Como conclusión, el informe sostiene que las políticas sanitarias de los primeros dos años del gobierno de Milei consolidan un cambio estructural en el rol del Estado nacional, con una fuerte retracción de sus funciones de rectoría, financiamiento y coordinación. En un país federal y desigual como la Argentina, este proceso profundiza las brechas territoriales y vuelve al acceso a la salud cada vez más dependiente de la provincia en la que se vive, erosionando el principio de equidad del sistema sanitario.