Parlamento Europeo vota por estrecho margen enviar el acuerdo comercial con Mercosur a la Justicia, retrasando su aprobación hasta dos años y generando tensión con la Comisión.
El Parlamento Europeo dio un duro golpe al acuerdo comercial UE-Mercosur al aprobar, por una ajustadísima diferencia de 10 votos, solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios. La decisión, adoptada el 21 de enero de 2026 en Estrasburgo, paraliza el proceso de consentimiento parlamentario y podría retrasar el acuerdo entre 18 y 24 meses, o incluso hasta dos años.
Con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, la resolución impulsada por sectores críticos del pacto salió adelante entre aplausos de sus defensores, mientras que representa una clara derrota para la Comisión Europea y los Estados miembros más entusiastas del acuerdo.
El acuerdo UE-Mercosur, negociado durante más de 25 años, estaba a punto de ser firmado tras intensas discusiones. Sus defensores lo presentan como una oportunidad para:
Consolidar la presencia europea en América Latina.
Abrir mercados para productos industriales y agrícolas europeos.
Garantizar suministros clave de materias primas y alimentos.
Sin embargo, los críticos, especialmente del sector agrario europeo, denuncian competencia desleal por estándares ambientales y sanitarios más laxos en los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo un último llamado a los eurodiputados:
“Cuantos más socios comerciales tengamos en el mundo, más independientes seremos. Y eso es exactamente lo que necesitamos ahora”.
A pesar del mensaje, la mayoría parlamentaria optó por priorizar el control jurídico sobre la rapidez política.
La resolución aprobada impide que el Parlamento vote el consentimiento definitivo hasta que el TJUE emita su dictamen, un proceso que suele durar entre 18 y 24 meses.
Una posible aplicación provisional del acuerdo mientras se espera el fallo judicial podría generar tensiones entre instituciones, ya que el Parlamento defiende su rol democrático en la aprobación de tratados comerciales.
El frenazo llega en un contexto de alta tensión comercial internacional, donde la UE busca reforzar su posición ante amenazas proteccionistas y la reconfiguración de cadenas de suministro globales.
El acuerdo con Mercosur, que abarca un mercado de más de 260 millones de personas, se consideraba un contrapeso estratégico. Su retraso podría debilitar esa posición y dar argumentos a quienes cuestionan la viabilidad de los grandes tratados multilaterales en la era actual.
Para los exportadores europeos de maquinaria, automóviles y productos químicos, el retraso representa una oportunidad perdida.
Para los productores del Mercosur, significa continuar sin acceso preferencial al mercado europeo.
Para los sectores críticos (ambientalistas, ganaderos, defensores de estándares sanitarios), la decisión es una victoria del principio precautorio y la soberanía regulatoria.
El dictamen del Tribunal de Justicia de la UE no solo aclarará la compatibilidad jurídica del pacto, sino que también marcará un precedente sobre cómo equilibrar ambiciones comerciales con compromisos climáticos y sanitarios de la Unión Europea.
Hasta entonces, el acuerdo UE-Mercosur permanece en suspenso, evidenciando las profundas divisiones internas en la política comercial europea.
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