Dos ex funcionarios apelaron el fallo de la causa inundación 2003

Los dos ex funcionarios condenados por la inundación de 2003 apelaron el fallo dictado en febrero, por el cual fueron sentenciados a tres años de prisión en ejecución condicional, por considerar que “la acción penal ha prescripto”. La primera audiencia se realizó este jueves en la Cámara de Apelaciones de Santa Fe.

El 1º de febrero, luego de más de 15 años de proceso, la Justicia condenó a Edgardo Berli, ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Carlos Reutemann, y al ex director provincial de Hidráulica la provincia, Ricardo Fratti, por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. El tercer imputado de la causa, Marcelo Álvarez –intendente de Santa Fe al momento de la inundación–, falleció el 9 de abril del año pasado.

Por ser una pena de ejecución condicional, Berli y Fratti no fueron presos. Pero, además, ahora buscan que se revise el caso. El tribunal a cargo de estudiar la apelación está compuesto por los jueces Bruno Netri, Alejandro Tizón y Fernando Gentile Bersano, quienes deberán analizar los planteos de la fiscal del caso, Mariela Jimenez, y las defensas de los condenados, a cargo de Néstor Oroño (Berli) y Matías Spadaro (Fratti).

Durante las etapas previas del proceso, los imputados ya habían planteado la prescripción de la acción penal, pero en todos los casos la Justicia lo rechazó. Ahora insistieron en pedir la nulidad de la pericia hídrica –una de las pruebas más importantes– con el argumento de que “al menos dos peritos oficiales” habrían incurrido en un ilícito. “Es la llamada doctrina del fruto del árbol venenoso, en cuanto a que ninguna prueba ilícita pueda ser adquirida válidamente en el curso de una causa judicial”, explicó el abogado Oroño.

Por su parte, la fiscal Jiménez pedirá al tribunal que se les imponga una pena de cinco años de cumplimiento efectivo en prisión a los dos ex funcionarios.

La inundación de abril de 2003 dejó, según datos oficiales, un saldo de 23 muertos, 18 de los cuales fueron incluidos en la causa penal. Los organismos de derechos humanos y el colectivo de inundados han denunciado que, en los meses posteriores a la catástrofe, por los daños colaterales, murieron en total 157 personas.

El colapso mayor se produjo el 29 de abril de 2003 cuando el río Salado –que estaba en un período de crecida extraordinaria– ingresó a la ciudad por un tramo de 800 metros de la defensa oeste que había quedado inconcluso. Las aguas del Salado inundaron todo el borde oeste de la ciudad y empujaron a 130 mil santafesinos a evacuarse de sus hogares.

El fallo de febrero sostiene que “mediante la omisión culposa de los cuidados necesarios y oportunos para prevenir y contener la creciente del Salado, se produjo un estrago por inundación, con numerosos daños y la muerte de asfixia por inmersión de 18 personas”.