Dos policías condenados por el delito de secuestro y extorsión

Pasarán presos 12 y 15 años, luego de que la Cámara Penal confirmara la condena de primera instancia.

Dos policías fueron detenidos ayer durante una audiencia oral de segunda instancia, luego de que se confirmara una condena dictada contra los uniformados por allanamiento ilegal, robo y secuestro extorsivo agravado, por lo que  deberán purgar 12 y 15 años de prisión. La decisión fue confirmada por los vocales Alfredo Ivaldi Artacho, Guillermo Llaudet y Daniel Acosta, tras la sentencia condenatoria por dos hechos. En el primero, secuestraron a dos adolescentes, una de ellas hijas de un narco asesinado algunos años después, mientras que en el segundo caso se trató de una extorsión a un hombre que tenía un taller de costura clandestino con el fin de obtener un rédito económico.

Los condenados son un policía de 52 años que prestaba servicios en el Comando Radioeléctrico de Funes y la ex jefa del destacamento policial del Parque Independencia, quienes estaban en libertad y ayer marcharon presos tras una audiencia oral donde la Cámara Penal confirmó la sentencia condenatoria que recayó sobre el dúo policial.

El decisorio había sido dictado por el Juzgado de Sentencia 2ª en 2015. Allí Pablo Ramón Moreira fue condenado a 15 años por dos hechos, mientras que Sandra Carina Valdez deberá purgar 12 años de prisión.

El primero de los hechos que involucra a los dos uniformados es el secuestro extorsivo de dos adolescentes, una de ellas hijas del conocido narco Roberto del Valle Padilla Echagüe, alias Tuerto Boli, asesinado en diciembre de 2012.

El 17 de marzo de 2008 tres policías, uno de ellos mujer, se presentaron en pasaje Quichua al 1200 y tras identificarse como policías le dijeron a las dos adolescentes que se encontraban en la casa que se trataba de un allanamiento por drogas.

Los policías ingresaron, y tras revolver todo y llevarse algunas pertenencias las hicieron subir a un automóvil particular bajo el argumento que tenían que llevarlas a la seccional a declarar. Tras ello, y a través del celular de una de las niñas llamaron a una de las madres para pedir un millón de pesos de rescate a cambio de devolver vivas a las víctimas.

La suma fue disminuyendo a 50 mil pesos pero las chicas fueron liberadas sin efectivizarse la entrega cuando un allegado a las niñas salió a recorrer la zona en moto y se cruzó con el auto particular en el que iban las víctimas.

Una de las chicas conoció a la mujer que las secuestró, mientras que un llamado anónimo dio datos de los dos enjuiciados. Ello coincidió con las características del auto en la que se realizó el secuestro y con los reconocimientos positivos de las victimas y testigos que en el caso de la mujer todos dieron positivos.

Con estos elementos la jueza María Isabel Más Varela, luego de tres años, dictó sentencia y condenó al dúo aunque no se pudo determinar la identidad del tercer participante.

A su vez Pablo Moreira fue condenado por un hecho cometido el 7 de abril de 2008 cuando junto a Oscar Andrés Arredondo y otro hombre se presentaron en un taller clandestino textil ubicado en Brusellas al 2700 y tras identificarse como policías adujeron tener una orden de allanamientos. Ingresaron a la propiedad y se llevaron 230 remeras y le exigieron al dueño 10 mil pesos, que terminaron siendo 200.

Prometieron volver y cuando lo hicieron, sólo estaba un empleado que les negó el ingreso. Finalmente se determinó que Arredondo prestó su vehículo para el hecho y fue condenado a 3 años de prisión y no apeló. Por su parte, Moreira fue reconocido por el dueño del taller de nacionalidad peruana y finalmente condenado a 15 años de cárcel por los mismos delitos que cometió junto a la mujer policía, a lo que se le sumó el delito de concusión (trasunta la idea del temor infundido mediante el ejercicio con abuso del poder público para exigir o lograr un lucro indebido).

La sentencia fue confirmada ayer por la Cámara Penal, que aseguró que los funcionarios policiales cometieron los delitos estando en actividad e invocando actos de su competencia para los que están supuestamente habilitados por la autoridad.

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