Dura controversia entre jueces y fiscales por el narcomenudeo

La escena política y judicial de Santa Fe que comenzó como una discusión técnica sobre competencias penales se ha transformado en una abierta puja de poderes: por un lado, un Ministerio Público de la Acusación (MPA) alineado con la urgencia ejecutiva de pacificar los barrios; por el otro, una Corte Suprema y un sector de la Cámara Penal que, mediante acordadas y fallos de nulidad, parecen decididos a marcarle la cancha a la autonomía de los fiscales. En el centro de la disputa, la Ley de Microtráfico funciona como el eje principal, mientras el Gobierno provincial monitorea con recelo estas internas judiciales.

«Habrá más homicidios»

El fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo, se salió esta semana de su habitual medida al declarar temas de coyuntura para emitir una advertencia política al poder Judicial. 

En una entrevista concedida al periodista Hernán Funes en RadioInforme3 (Cadena 3 Rosario), Merlo sostuvo que si la justicia provincial se desprende de la persecución del narcomenudeo, el Estado volverá a ser «bobo» frente a la violencia.

«Si nos quitan la herramienta de investigar el microtráfico, nos están quitando un instrumento esencial para bajar los hechos de violencia altamente lesivos: homicidios, heridos de arma de fuego y balaceras», remarcó el jefe de los fiscales de Rosario. 

Su mensaje estuvo dirigido a los jueces de la Cámara Penal luego de que dictaran resoluciones para derivar causas de búnkers al fuero federal. Esto desarticula la estrategia de intervención territorial del MPA. «Quienes dicten esas resoluciones deberán hacerse cargo de las consecuencias», remarcó.

Jueces bajo la lupa y el respaldo federal

La tensión es evidente ya que Merlo cuestionó nombres propios de la Cámara Penal de Rosario –como Javier Beltramone, Guillermo Llaudet Maza, Carolina Hernández, Viviana Alonso, Tomás Orso y Gabriela Sansó– cuyos fallos recientes han puesto en duda la competencia provincial.

A pesar de este revés, el MPA encontró un aliado en el fuero federal. El juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz rechazó en duros términos una resolución del camarista Beltramone, calificándola de «incorrecta y arbitraria», y devolvió las actuaciones a la provincia. 

Para Merlo, esta «postura individual» de algunos jueces locales no sólo ignora la coordinación existente con la Fiscalía Federal, sino que afecta directamente al ciudadano común que convive con el búnker en su cuadra.

La guerra por el edificio

La controversia por el narcomenudeo es solo la superficie de un conflicto que en el último tiempo fue escalando. La fiscal General, María Cecilia Vranicich, mantiene un enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia por el control de los espacios institucionales. 

El detonante fue una acordada del 24 de febrero último donde el máximo tribunal –con el voto de sus siete ministros– decidió unilateralmente que el nuevo edificio del Centro de Justicia Penal en Santa Fe sea para uso exclusivo del Poder Judicial, desplazando al MPA de los pisos que ya tenía asignados.

Vranicich contestó con una dureza inédita, calificando la medida como una «afrenta» y acusando a la Corte de actuar con discrecionalidad. 

«Esta fiscal general es y será temperamental para defender a esta institución y a la Constitución», sentenció, dejando claro que el MPA ya no acepta la subordinación histórica ante los cortesanos, amparada en la autonomía que le otorga la Constitución de 2025.

Contexto político: Pullaro y el control de la agenda

Todo este ruido judicial se produce bajo la centralidad excluyente de Maximiliano Pullaro. Con un capital político consolidado tras un millón de votos y una agenda de reformas que no encuentra resistencia, el gobernador ha hecho de la seguridad su principal activo. La baja sostenida de homicidios en Rosario es el «éxito» que el oficialismo defiende y resalta en cada oportunidad.

Sin embargo, el clima ha cambiado. Tras un primer año de gestión arrolladora, el Gobierno enfrenta ahora frentes abiertos con gremios docentes y un contexto económico nacional asfixiante. En este escenario, que sectores de la Justicia obstaculicen la persecución del microtráfico es leído en la Casa Gris como un ataque al corazón de su gestión. Mientras la oposición apuesta al desgaste natural del oficialismo para 2027, la «guerra» entre fiscales y jueces asoma como el factor imprevisto que podría alterar el frágil equilibrio de paz alcanzado en las calles de Rosario.