El paquete de reformas judiciales y de seguridad que el Poder Ejecutivo santafesino envió a la Legislatura bajo el nombre de “Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública” encendió las alarmas en el ámbito del derecho local. La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario emitió un comunicado esta semana en el que rechaza de plano la iniciativa, alertando que esconde un «menoscabo a reglas básicas de enjuiciamiento penal» y que representa un retroceso de tres décadas en la historia democrática e institucional de la provincia. “Ningún Código Procesal Penal, posee tamaños menoscabos a garantías básicas de enjuiciamiento penal”, reclamaron.
El proyecto oficial contempla 11 puntos clave destinados a modificar el Código Procesal Penal y diversas leyes vigentes. Entre los ejes principales, el Ejecutivo busca otorgar mayores facultades de investigación a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), agilizar procesos de flagrancia, endurecer los regímenes de aislamiento para presos de alto perfil, crear «zonas de intervención especiales» con restricción de derechos de circulación, e inhabilitar inmuebles vinculados al narcotráfico.
Sin embargo, los abogados penalistas de la ciudad advirtieron que el fin no justifica los medios. «Avanzar rápido no es avanzar justo», sentenciaron en el escrito, señalando que la propuesta introduce institutos «arbitrarios, absurdos e incompatibles con el derecho procesal penal moderno».
El regreso a las «épocas nefastas»
Uno de los puntos que genera mayor repudio entre los profesionales es el otorgamiento de «exorbitadas atribuciones» a las fuerzas policiales. Desde la Asociación recordaron que muchas de esas facultades habían sido quitadas precisamente con la implementación del sistema acusatorio en 2014 para evitar casos de corrupción y violencia institucional.
«Privarle a un ciudadano de contar con un asesoramiento legal en los primeros momentos de una persecución penal es retrotraerse a épocas nefastas de nuestra historia constitucional, volviendo a la clandestinidad, oscuridad y abusos absolutos por parte de las fuerzas de seguridad», denunciaron.
Asimismo, los penalistas cuestionaron que se dote a los fiscales de funciones que constitucionalmente son exclusivas de los jueces, quienes actúan como garantes de la legalidad. El comunicado enumera con preocupación la habilitación de allanamientos sin orden judicial, la flexibilización para aceptar pruebas dudosas bajo la justificación de «buena fe» policial, medidas de restricción de la libertad impuestas por decreto y la preocupante posibilidad de que el propio órgano acusador dicte sentencias condenatorias eliminando el juicio previo.
Espionaje preventivo y sanciones internacionales
La entidad que agrupa a los abogados penalistas de Rosario también puso la lupa sobre el artículo del proyecto que habilita la «injerencia en derechos fundamentales» de manera preventiva.
Según advirtieron, la reforma permitiría al Estado entrometerse en la intimidad de las personas, sus comunicaciones y sus dispositivos tecnológicos (como celulares y computadoras) sin que exista una causa previa o una sospecha fundada que lo justifique. Para la asociación, esto constituye «un atropello autoritario contra derechos elementales de todo ciudadano».
Desde la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario hacemos pública nuestra posición sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo titulado
“Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública” 👇 pic.twitter.com/LFUCuc7fMU— Asociación de Abogados Penalistas Rosario (@AapenalistasRos) May 20, 2026
Desde la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario advirtieron que, de aprobarse la ley tal como está redactada, se desatará una ola de planteos de inconstitucionalidad ante los tribunales provinciales, nacionales e internacionales, lo que terminará acarreando sanciones y responsabilidades económicas para el propio Estado santafesino.
Ante este panorama, exhortaron a las autoridades del Ejecutivo y a los legisladores a frenar el tratamiento exprés, «rediseñar el proyecto» y convocar de manera urgente a un debate profundo que incluya a todos los actores del sistema judicial.
