El presidente del partido, Ernesto Sanz, la acusó de "mezquina" y rechazó un "pacto de Olivos" con el Gobierno para tratar el Presupuesto. El ex juez y diputado Ricardo Gil Lavedra advirtió que "no se puede vivir echando sombras sobre la gente".
El radicalismo replicó las graves acusaciones de la diputada Elisa Carrió sobre un presunto pacto entre la UCR y el oficialismo para dar el quórum que habilitó el fallido tratamiento del Presupuesto 2011 en la Cámara baja, que esta madrugada volvió a comisión.
El jefe del partido, Ernesto Sanz, acusó a la titular de la Coalición Cívica de «mentirosa» y negó que la UCR haya sellado un pacto con el Gobierno para debatir el proyecto de ley. «Está diciendo mentiras infames, nos duele, no se puede decir de manera tan mezquina y tan mentirosa que hay un pacto con el Gobierno», sostuvo Sanz en declaraciones radiales.
El próximo jefe de la bancada radical en Diputados, el ex juez Ricardo Gil Lavedra confesó que cuando Carrió dijo que hubo «otro Pacto de Olivos» entre bloques de la oposición y el oficialismo se sorprendió. «El radicalismo es el único partido que ha definido hace varios días su posición respecto del Presupuesto. No se puede vivir echando sombras sobre la gente», advirtió el legislador radical.
Tanto Sanz como Gil Lavedra coincidieron que «la peor de las soluciones» era que el Gobierno no tuviera un presupuesto, aunque remarcaron sus diferencias con el plan K. «Tiene muchas fallas e irregularidades», explicó el senador mendocino. Para el abogado, el proyecto del Ejecutivo «miente en cuanto a ingresos y egresos» aunque remarcó que «es mejor que haya Presupuesto a que no lo haya».
Sanz también se refirió a las denuncias de las diputadas Elsa Álvarez, de la UCR, y de Cynthia Hotton, ex PRO, ahora en el monobloque Valor para mi País. Las legisladoras dijeron -sin dar detalles- que recibieron llamados de hombres vinculados al oficialismo para que se ausenten del recinto antes de la votación, de tal manera que el Gobierno logre votar su Presupuesto.
Gil Lavedra advirtió que las denuncias de «compra de votos» pasarán a la comisión de Asuntos Constitucionales para ser analizadas, a pesar que Álvarez ya aclaró: «No puedo decir que he sido sobornada».
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