Cuestionaron el decreto 612/2026 y advirtieron que se vuelven a imponer costos a las empresas, a través de aportes previstos en los convenios colectivos de trabajo
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) emitió un duro comunicado contra la normativa reglamentada por el Poder Ejecutivo, en el que apuntó de forma directa al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Esto se debe al conflicto por los costos laborales en el sector comercial, que sumó un nuevo capítulo tras el lanzamiento del Decreto 612/2026.
Desde la entidad expresaron su «profunda preocupación y rechazo» al considerar que la medida dictada por el Gobierno Nacional representa un claro retroceso respecto del espíritu inicial de la reforma laboral. Según advierten los empresarios, la reglamentación terminó desvirtuando la promesa original de evitar que los empleadores se vean forzados a financiar estructuras que encarecen el costo laboral de manera obligatoria.
Uno de los principales puntos cuestionados por CADAM está relacionado con los aportes que las empresas deben realizar por cada trabajador alcanzado por el convenio colectivo de empleados de comercio.
Según explicó la entidad, las compañías están obligadas a efectuar contribuciones al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), incluso en aquellos casos en los que el trabajador no reciba capacitación.
De acuerdo con CADAM, este mecanismo representa una recaudación superior a $30.000 millones anuales, fondos que se distribuyen entre determinadas cámaras empresarias, aun cuando las compañías no hayan decidido asociarse voluntariamente a esas entidades.
“No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan”, sostuvo la cámara empresaria.
En ese sentido, diferenció entre una afiliación voluntaria y una obligación establecida mediante una negociación colectiva en la que, según planteó, la empresa no participó.
Para CADAM, el nuevo decreto vuelve a modificar el esquema. El Decreto 612/2026 establece que las contribuciones y aportes que los empleadores acuerden realizar en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores.
La cámara interpreta que esta modificación desvirtúa el objetivo que, según su visión, tenía originalmente la reforma laboral.
“Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”, advirtió CADAM.
El planteo de los empresarios mayoristas apunta directamente al rumbo que tomó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y, particularmente, a una de las medidas que había sido presentada como parte del proceso de desregulación.
La preocupación de CADAM radica en que, según la entidad, el esquema vigente mantiene mecanismos que obligan a las empresas a realizar aportes vinculados con estructuras empresariales que no necesariamente representan sus intereses.
Para los mayoristas, el problema no pasa por impedir que las cámaras empresarias reciban aportes, sino por cuestionar que esos pagos sean obligatorios y estén establecidos a través de convenios colectivos.
El sector mayorista reclama que las empresas puedan decidir libremente si desean realizar aportes a cámaras, asociaciones u otras instituciones empresariales.
La diferencia que plantea CADAM es entre una contribución voluntaria, decidida por cada compañía, y una obligación que surge de una negociación colectiva.
El debate se suma así a las discusiones que genera la implementación de la reforma laboral y pone nuevamente en el centro de la escena el impacto de los convenios colectivos sobre los costos que deben afrontar las empresas.
Para CADAM, cualquier reforma que busque reducir los costos laborales y eliminar cargas que no sean consideradas necesarias debería mantener como principio la libertad de decisión de los empleadores respecto de este tipo de contribuciones.
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