Efecto no deseado: advierten que la reforma laboral en Santa Fe profundizará la litigiosidad contra las pymes

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) de Santa Fe manifestó su fuerte preocupación por el proyecto de reforma al Código Procesal Laboral que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que podría tratarse en el Senado este jueves. Según advirtió la entidad, la iniciativa que busca reducir la litigiosidad en la provincia producirá el efecto contrario y potenciará las demandas civiles directas contra los pequeños y medianos empresarios, tal como ocurrió -argumentan- hace un cuarto de siglo cuando el sistema de riesgos del trabajo dejaba a las empresas sin protección real a pesar de pagar las alícuotas correspondientes.

El presidente de Apyme, Mario Galizzi, explicó en diálogo con El Ciudadano que el problema de fondo radica en que la reforma endurece los requisitos para que un trabajador accidentado pueda reclamar a su ART. «Al limitar con topes lo que va a pagar la ART lo que hacen ahora los abogados es obviar la vía de acción hacia la ART e ir directamente por la acción civil sobre las pymes», sostuvo Galizzi. El dirigente agregó que esta vía judicial es «mucho más fácil» y permite obtener «un monto mucho más importante» para la persona accidentada.

Galizzi señaló que esta dinámica perjudica de manera directa a la pequeña y mediana empresa, porque el empresario debe pagar la indemnización completa de su bolsillo y luego iniciar una acción de repetición contra la ART. «La Pyme tiene que pagar primero y después repetir para que le transfieran el dinero, lo cual generalmente es mucho menos de lo que va a pagar», advirtió. De esta forma, explicó, el pequeño empresario termina pagando dos veces: una la prima del seguro de riesgos del trabajo y otra el siniestro por vía civil. «Lo que nosotros estamos diciendo es que en la medida que se siga favoreciendo a las ART, nos va a pasar lo que pasaba hace 25 años: se pagaba el seguro de riesgo de trabajo pero no servía absolutamente para nada», resumió el presidente de Apyme. Para Galizzi, el único sector beneficiado con esta lógica es el financiero y el de servicios, mientras que «siguen perjudicando a las pymes».

Desde el oficialismo provincial y las grandes cámaras empresarias sostienen que la reforma es necesaria porque Santa Fe registra un nivel de juicios laborales desmesurado. Las estadísticas oficiales indican que la provincia tiene 142 demandas cada 10 mil trabajadores, una cifra que duplica a la de Córdoba y triplica el promedio nacional. Este exceso de litigios genera un sobrecosto estimado en 100 millones de dólares anuales para el sector productivo, lo que obliga a las empresas santafesinas a pagar alícuotas de ART un 45 por ciento más altas que el resto del país. Para estos sectores, la reforma ordena un sistema viciado por abogados que prefieren evitar las comisiones médicas y demandar directamente por la vía civil para cobrar honorarios más elevados.

Sin embargo, Apyme rechaza ese diagnóstico. En su comunicado, la entidad sostuvo que «las medidas propuestas introducen mayores exigencias para quienes reclaman, reduciendo significativamente los plazos para accionar» y sumando «nuevas cargas procesales más intensas y costosas, como la exigencia de informes médicos». Para la asociación, esto dificulta el acceso a una respuesta judicial eficaz y, lejos de reducir la litigiosidad, «vuelve más complejo el cobro de indemnizaciones por parte de los trabajadores». La entidad también alertó que cuando el procedimiento administrativo se vuelve «más complejo y restrictivo» y no reconoce adecuadamente las incapacidades, los damnificados optan por la vía civil, donde encuentran «un camino más accesible, con mayores plazos, menos requisitos y, en muchos casos, indemnizaciones más amplias».

Para los dirigentes de Apyme, la reforma que se trata en el Senado condena a las pymes a pagar dos veces: una al sistema y otra al juicio. «Las pequeñas y medianas empresas continúan pagando alícuotas costosas para sostener un sistema que no brinda respuestas adecuadas, ni en prevención ni en reparación», advirtió la entidad en su gacetilla.

El proyecto podría ser votado en la Cámara Alta en las próximas horas, y desde Apyme Santa Fe pidieron a los legisladores que reflexionen sobre las consecuencias de una norma que, lejos de aliviar la presión sobre el sector productivo, terminará asfixiando a las pequeñas y medianas empresas con una litigiosidad aún mayor. «Es imprescindible avanzar hacia políticas que fortalezcan el entramado productivo, garanticen un acceso real a la justicia y construyan un sistema equilibrado que proteja a los trabajadores sin poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas», concluyó la organización.