El agro y las inundaciones: desafío de políticas activas

Hace mucho tiempo que el sector agropecuario necesita políticas de Estado modernas para cubrir eventos catastróficos como las últimas inundaciones que dañaron al sector agrícola y ganadero.

El calentamiento global es la elevación de las temperaturas debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que provoca el aumento en las lluvias, el incremento de la duración y frecuencia de sequías con la multiplicación de eventos climáticos extremos, más los incrementos en las enfermedades de los cultivos de granos.

Estos son algunos de los efectos que ya se sienten en la Argentina y que podrían repetirse con intensidad creciente en los próximos años o décadas, según el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que se presentó en Yokohama, Japón.

Inclusive estaríamos entrando en “Año Niño” agravado, que va a condicionar los resultados de la siembra 2015-2016.

La idea central es una propuesta para que los productores tengan una cobertura integral por diferentes riesgos agropecuarios como poseen los países que planifican y diagraman pensando en el largo plazo.

Una política que proteja al productor y la agroindustria, la más importante y eficiente del país debería diseñarse a través de dos instrumentos que ya se usan en todo el mundo.

Se trata de “Políticas para incentivar el mayor uso de los seguros agropecuarios por medio de subsidio a la prima u otros incentivos, para poder aumentar la cobertura del área sembrada al bajar el costo de la prima del seguro”.

Además de “Políticas para crear y administrar un Fondo Nacional Permanente para atender todos los daños de los bienes no asegurables”.

En el primer aspecto, se aumentarían los usos del seguro en productores y proveedores de insumos, que son los directos damnificados.

Mientras que respecto de la necesidad de un fondo, éste atendería exclusivamente a los productores que tengan asegurados sus bienes.

La idea es que deben tener premio quienes tienen vocación aseguradora, para ir generalizando un sistema público-privado que debe ser solidario, pero no obligatorio, para que existan competencias entre las empresas aseguradoras.

Los países con producciones agrícolas importantes, desarrollados y no desarrollados, aplican este tipo de políticas activas.

En Estados Unidos ya tienen coberturas que aseguran los ingresos proyectados y lo pudieron realizar porque hace años vienen trabajando por medio de una acción público-privada en políticas que atienden los riesgos agrícolas.

La nueva ley agrícola sancionada recientemente eliminó todo otro incentivo al sector agropecuario y dispuso exclusivamente mayores subsidios a la prima de los diferentes seguros que tienen por estados, zonas productivas y por productores en ese país.

Considero que la dirigencia agropecuaria argentina tiene la obligación y responsabilidad de poner el tema en discusión en forma urgente, en defensa de los intereses de los productores –especialmente de los más chicos– por la acción geopolítica que tiene el seguro.

El objetivo es que el seguro se consolide definitivamente como una de las políticas de Estado indispensable para el agro y la agroindustria en la agenda nacional.