El caso del ex juez federal Marcelo Bailaque tuvo una mañana movida en los Tribunales federales. Este miércoles se fijó una audiencia para controlar la acusación fiscal en la causa que investiga al ex magistrado por dilatar medidas probatorias en la pesquisa contra el narco Esteban Alvarado, en un expediente que ya lo tenía en la mira en 2013. Pero la audiencia arrancó con otra información que cambió por completo la fisonomía del acto jurisdiccional: la Fiscalía reveló que el contador de Alvarado, quien a su vez era conocido del ex magistrado, aceptó colaborar en la investigación en su contra, lo que complica cada vez más la situación de Bailaque, apuntado por tres casos de corrupción.
En febrero pasado, Bailaque —quien supo ser el titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario— fue imputado por la Fiscalía en tres causas.
La primera de ellas tiene su eje en la denegatoria de Bailaque a las escuchas telefónicas solicitadas por la Fiscalía desde diciembre de 2014, en la causa donde Alvarado era investigado junto con su sindicado socio Luis Medina por tráfico de drogas. Las denegatorias continuaron hasta noviembre de 2015, lo que generó graves retrasos en la investigación, según refirió la Fiscalía al momento de la imputación.
Este caso lo llevan adelante el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el fiscal federal Matías Scilabra, de la Procunar Región NEA, bajo los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. El ex magistrado, que cuenta con arresto domiciliario, no estuvo presente en la audiencia.
La audiencia y el contador
A poco de empezar la audiencia de este miércoles, el fiscal Diego Iglesias contó que el contador Gabriel Mizzau llegó a un acuerdo con la Fiscalía y accedió a colaborar en la investigación con vistas a un juicio abreviado, que si bien aún no se homologó busca una reducción de pena.
En noviembre de 2024, el contador fue señalado por la Fiscalía federal como el asesor contable de empresas vinculadas con la asociación ilícita liderada por Alvarado entre 2014 y 2018. Se lo acusa de confeccionar estados contables y de asesorar para subvaluar bienes -entre ellos, unos lotes ubicados en Misiones al 800, en Roldán, donde Alvarado tenía su domicilio legal-. También se lo vincula con distintos trámites relacionados con la venta de rodados, habilitaciones municipales, manipulación de balances y el uso de facturas apócrifas.
En cuanto a Bailaque, en aquel momento la Fiscalía resaltó una noticia periodística que hacía referencia a una estrecha vinculación del contador Mizzau con un juez, a lo que se sumó una denuncia de la diputada provincial Lionella Cattalini por presunta connivencia del ex magistrado con el narcotráfico. La legisladora estuvo presente este miércoles en la audiencia.
«El contador de Alvarado era el mismo que tenía el juez, con el que mantenía una amistad prolongada; incluso el hijo del contador trabajaba en ese juzgado», detalló la Fiscalía en su momento.
Cooperativa portuaria
El segundo caso que enfrenta Bailaque involucra a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín. Esta investigación está a cargo del fiscal Federico Reynares Solari, titular de la Oficina de Litigio Oral Estratégico de la Unidad Fiscal Rosario. La audiencia de control de acusación para esta causa está dispuesta para el próximo 1° de junio, según informaron fuentes fiscales.
En 2021, una denuncia dejó a la vista la transferencia de 1.000 millones de pesos desde la cooperativa investigada hacia la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, perteneciente al Grupo Unión. Uno de los titulares de este grupo es el financista Fernando Whpei, amigo del juez, quien también está imputado en la causa y se convirtió en colaborador de la Fiscalía.
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Bailaque terminó reconociendo este vínculo en forma tardía, cuando ya no le quedaba margen para ocultarlo y ante una intimación por «sí o por no» de la Cámara de Casación Penal, relató la Fiscalía.
Finalmente, la tercera causa en su contra está relacionada con el cobro de sobornos y tiene entre sus acusados al ex jefe de la delegación de Afip en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, quien fue el primer imputado en transformarse en colaborador. Esta investigación la lleva adelante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y aún no cuenta con una fecha fijada para su audiencia.
