El caso Bosso-Salinas se trató en el juicio por terrorismo de Estado que se desarrolla en Rosario

Por Rubén Adalberto Pron /Especial para El Ciudadano 

En la audiencia semanal del Tribunal Oral Nº 1 de la Justicia Federal de Rosario que lleva adelante el juicio “Guerrieri” por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar, se escucharon en la fecha testimonios relacionados con el secuestro en Rosario, muerte y desaparición de Carlos Alberto Bosso y María Isabel Salinas, y el secuestro junto con ellos de su pequeña hijita Mariana Bosso (que se espera que merezca la apertura de otra causa), devuelta días después a su familia paterna.

Sobre lo que se sabe al respecto prestaron declaración la hija de Carlos y María Isabel, cuyos restos fueron hallados en 2010 en una fosa común localizada en el campo militar San Pedro del Ejército Argentino, pocos kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe; Liliana Salinas, hermana de María Isabel; Carlos Raviolo, compañero de estudios y de militancia de Carlos Alberto en Santa Fe; el periodista Rubén Adalberto Pron, autor de una investigación que reunió los datos que se conocían hasta fines de 2012 cuando escribió en libro “Carlitos y Mary” publicado pocos meses después, y Hugo Kofman, compañero de trabajo de Carlos Bosso en la facultad de Ingeniería Química de la UNL hasta que el matrimonio Bosso-Salinas debió huir y refugiarse en la clandestinidad por las amenazas de muerte recibidas por el trabajo social y la militancia política que desarrollaban en el barrio San Lorenzo de la capital de la provincia, donde ofrecían apoyo escolar a los niños del lugar, atendían un comedor comunitario, promovían y llevaban a cabo tareas de mejoramiento del hábitat como la instalación de redes de agua, zanjeo y otras obras de infraestructura y colaboraban en la construcción o ampliación de las humildes viviendas del sector.

Kofman, el último de los testigos, fue además –y sigue siendo– un tenaz investigador de hechos ocurridos en el campo San Pedro, localizando testigos y haciendo trabajos de campo que llevaron al Equipo Argentino de Antropología Forense a dar con la fosa colectiva donde habían sido sepultados Carlos y María Isabel junto a otras seis víctimas del terrorismo de Estado, y donde se sigue trabajando en la búsqueda de más enterramientos que corresponderían a masacres y fusilamientos mencionados por distintos testigos que van haciendo aportes a otra causa se tramita en los Tribunales Federales de la ciudad de Santa Fe.

Ante la jueza Mariela Rojas y los otros dos integrantes del TOF Nº 1 (que participaron de manera remota por zoom desde Córdoba, donde tienen asiento), los testigos respondieron preguntas de la abogada de la querella Gabriela Urruty y del fiscal Adolfo Villate, en presencia del único del 17 imputados en la causa que asiste a las últimas audiencias, el ex teniente Juan Daniel Amelong, quien fuera en la dictadura integrante del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército en Rosario y cumple actualmente prisión domiciliaria en esta ciudad por condenas recibidas con anterioridad en otros juicios de lesa humanidad.

Su defensor y los de los restantes imputados no formularon preguntas a los testigos.

La sentencia del tribunal se conocerá una vez que se complete el análisis de los otros casos de terrorismo de Estado que se siguen debatiendo en esta cuarta etapa de la causa “Guerrieri”, que toma el nombre del ex teniente coronel Pascual Guerrieri, quien encabeza la nómina de los 17 enjuiciados entre los cuales se cuentan ex militares, ex policías federales y ex agentes civiles de la dictadura que padeció la Argentina entre 1976 y 1983.