El conflicto con la prensa crece y acumula críticas en organismos internacionales y en tribunales

El Gobierno nacional sigue con su cruzada contra el periodismo. La polémica decisión de prohibir momentáneamente el acceso de los trabajadores de prensa acreditados a la Casa Rosada provocó el repudio de gran parte del arco político. El conflicto escaló a tal punto que organismos internacionales manifestaron su preocupación y se activaron medidas judiciales para intentar revertir la medida.

El pasado jueves, el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, aclaró en ese momento que la medida incluía “quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada” de manera preventiva, frente a la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal a dos periodistas de TN.

“El único fin es garantizar la seguridad nacional”, señaló el funcionario. Sin embargo, la indignación y el enojo repercutieron en distintos ámbitos de la comunicación y también en el Congreso.

Ese mismo día, la diputada nacional Marcela Pagano, que integró el bloque de La Libertad Avanza, decidió denunciar penalmente a Milei y Lanari, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez. La denuncia cayó en el juzgado de Sebastián Ramos.

“Es un hecho inédito desde el retorno de la democracia. La Casa Rosada no es propiedad privada y mucho menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”, afirmó la legisladora desde su cuenta de X.

Este lunes, Pagano formuló una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el ataque del Gobierno al periodismo y la imposibilidad de la prensa acreditada de ingresar a la Casa de Gobierno. «Que no te mientan con ‘falsos espionajes’, van contra tu derecho a informarte«, señaló la legisladora.

A su vez, Ámbito Financiero presentó un amparo contra el Estado nacional para que se restituya el acceso de sus periodistas a la Casa Rosada. La medida ya se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo del juez Walter Lara Correa.

La demanda judicial, que solicita una medida cautelar innovativa urgente y cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Diego Armesto, fue realizada por NEFIR SA y Editorial Amfin SA, compañías responsables del medio. En ella se reclama que se habilite nuevamente el ingreso de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano.

El acto de censura repercutió a nivel internacional también. Este lunes, Amnistía Internacional alertó a la CIDH por “el deterioro de la libertad de expresión y prensa en Argentina”. La organización advirtió que, desde la asunción del presidente Javier Milei, se consolidó un clima de intolerancia estatal hacia la crítica, caracterizado por discursos estigmatizantes, desinformación, insultos, acusaciones de corrupción o criminalidad contra periodistas y medios, y campañas de hostigamiento amplificadas desde redes sociales y cuentas oficiales.

“Una prensa independiente y crítica es un pilar indispensable del Estado de derecho. Cuando las agresiones provienen de las más altas autoridades del Estado, el impacto no se limita a las personas atacadas: se proyecta sobre todo el debate público y genera un efecto de silenciamiento”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La organización también expresó preocupación por el uso de acciones penales y civiles contra periodistas como mecanismo de presión y disciplinamiento. En particular, advirtió sobre el uso de demandas estratégicas contra la participación pública —conocidas como SLAPPs— que, aun cuando no prosperen judicialmente, generan desgaste económico, emocional y profesional, y producen un efecto inhibitorio sobre otras voces críticas.