El conflicto por Bauen-Pilay llega a la Legislatura: piden intervención del Ejecutivo

El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un proyecto de comunicación solicitando la intervención del Poder Ejecutivo, a través de las áreas de Defensa del Consumidor, para que actúe como mediador y conciliador ante los reclamos por incumplimientos de la firma Pilay SA y sus empresas vinculadas, en un conflicto que ya afecta a un número significativo de familias santafesinas.

La iniciativa pone el foco en la necesidad de encauzar institucionalmente las denuncias de quienes forman parte de sistemas de ahorro previo para acceder a la vivienda, y que vienen señalando demoras en los plazos de entrega, cambios en la localización de las unidades y modificaciones en las condiciones originalmente pactadas.

En ese marco, el proyecto solicita que el Estado provincial intervenga activamente para garantizar canales de diálogo, facilitar acuerdos y proteger los derechos de los consumidores. “Esto ya es una cuestión de orden público, que excede lo individual.

Para ello el Ejecutivo cuenta con la Secretaría de Comercio, que debe terciar para garantizar una relación simétrica entre los consumidores y las empresas” sostuvo Rabbia.

El legislador subrayó además que la intervención solicitada no implica determinar responsabilidades judiciales, cuestión que corresponde a los órganos competentes, sino asegurar mecanismos adecuados de mediación que permitan atender los reclamos y avanzar hacia la recomposición de derechos afectados.

En ese marco, el pasado miércoles se desarrolló una intensa jornada de trabajo en la ciudad de Santa Fe. Por la mañana, la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados provincial, recibió en una una audiencia a un grupo de ahorristas damnificados, quienes expusieron demoras que exceden los plazos contractuales, cambios unilaterales en las condiciones y modificaciones en las zonas de construcción originalmente acordadas.

Por la tarde, el legislador también participó de un encuentro en el Centro de Educación, Servicio y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC), convocado por su vicepresidente Juan Marcos Aviano, que permitió acercar a las partes y dar continuidad al reclamo.

La posición de la empresa

La constructora explicó el funcionamiento de los planes para acceder a una propiedad.  «Actuamos como administradores de un sistema de construcción colaborativo, regido por contratos de obra a largo plazo. Asimismo, extender plazos constructivos está expresamente previsto en el contrato para supuestos en que se altere la normal secuencia de pagos, en el marco de las distintas situaciones de crisis económicas sufridas por el país, en las que no se trasladó la totalidad de los incrementos informados por la Cámara Argentina de la Construcción», dijeron.

En este modelo, según Pilay, los inversores aportan el capital y la empresa ejecuta la construcción: «Se trata de una construcción colectiva en la que la obligación del inversor no es una deuda fija en dinero, sino una obligación de valor que implica asumir la parte proporcional del costo real de la obra», apuntaron en un comunicado y expusieron que «es propio de los contratos de largo plazo regulados por el art 1.011 del Código Civil y Comercial la readaptación a las circunstancias vigentes durante su desarrollo. Las obligaciones no son estáticas, sino dinámicas, y 1.600 inversores del sistema Pilay de Rosario ya han readaptado sus contratos a las circunstancias vigentes».