El Congreso debatirá el mes que viene el rechazo a los DNU para deuda

La primera reunión de la comisión bicameral que debe controlar los Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) quedó en un empate absoluto. El kirchnerismo y la oposición no cedieron y mantuvieron la pretensión de presidir el cuerpo, lo que en la situación de empate 8 a 8 que mantienen en la bicameral significa controlar la emisión de los despachos para aprobar o rechazar los decretos. El presidente del cuerpo tiene doble voto y por lo tanto en este caso el poder absoluto sobre las decisiones. Pero hubo un equilibrio final que mantendrá en vilo al Gobierno durante el verano: consiguió constituir la comisión para evitar mayores males en la Justicia, pero no podrá evitar que se realicen en febrero sesiones especiales para debatir el DNU para el pago de deuda, aunque Cristina de Kirchner no haya convocado a sesiones extraordinarias.

Tras la disputa por la presidencia, que no se sabe si en algún momento tendrá solución, los senadores y diputados presentes optaron por una salida salomónica: se nombró a dos secretarios, Diana Conti por el kirchnerismo y Luis Naidenoff por la UCR, para manejar los asuntos parlamentarios de la bicameral, pero ninguno de ellos con el poder de presidir el cuerpo.

Hubo otro empate más: tras esa discusión los senadores y diputados de la bicameral emitieron dos dictámenes sobre el decreto que dispuso la creación del Fondo del Bicentenario que recibirá los 6.569 millones de dólares de reservas del Banco Central para garantizar el pago de deuda en 2010. Un despacho fue a favor de la ratificación del DNU y el otro por el rechazo. Y ninguno de los dos es dictamen de mayoría ya que cada uno cuenta con ocho firmas estrictas. Esos dos dictámenes ahora deberán tratarse en los recintos de Diputados y el Senado, pero sin prioridad de votación uno sobre el otro. La oposición quiere que ese acto se haga en la primera semana de febrero.

En lo político también hubo equilibrio en la primera reunión de la bicameral de trámite legislativo tras la renovación del Congreso. El gobierno se llevó lo que había ido a buscar: que la comisión bicameral quedara constituida independientemente que se eligiera o no a su presidente.

Y eso fue lo que aclararon en todo momento los kirchneristas. Fue Miguel Pichetto quien pidió al inicio de la sesión que los secretarios parlamentarios de cada cámara leyeran las actas de constitución de la comisión y los nombres de los nuevos miembros.

Más tarde Pichetto insistió en que se debía dejar en claro que la comisión estaba constituida. Fue cuando propuso, sin éxito, que Diana Conti presidiera la comisión.

La propia Conti, un rato después, insistió: “Entiendo que se ha consentido de hecho la constitución de la comisión”, dijo.

Tanta insistencia tenía una explicación clara: todos los amparos, recursos y denuncias que se han presentado ante la Justicia para intentar frenar la aplicación del DNU para la deuda comienzan recordando que al no estar en funcionamiento la bicameral que la Constitución establece para controlar los DNU, éstos no pueden aplicarse ya que no existe forma de que el Congreso haga el seguimiento. Al constituirse la comisión se aleja el peligro de una medida cautelar dictada por la Justicia para frenar el decreto y, específicamente, la transferencia de los u$s 6.569 millones de reservas del BCRA al Tesoro. De ahí el éxito que consiguió el Gobierno, sin importar qué suceda luego con los dictámenes emitidos.

Pero al mismo tiempo, la oposición tiene un arma de temer para el Gobierno. Gerardo Morales, Nito Artaza, Rubén Giustiniani, Samuel Cabanchik y Adolfo Rodríguez Saá le presentaron a Julio Cobos un pedido de sesión especial para debatir la primera semana de febrero los dictámenes para derogar o ratificar el DNU para las reservas. Un pedido similar recibirá Eduardo Fellner. El problema es que ninguno de los dos presidentes puede negarse a conceder esa sesión: el artículo 99, inciso 3 de la Constitución (donde se regula el uso de los DNU) establece: “El despacho de la comisión bicameral permanente debe ser considerado de inmediato sin distinguir si el Congreso se encuentra o no reunido”. Es decir, no importa en este caso que Cristina de Kirchner haya o no convocado a sesiones extraordinarias.