El «desarrollo minero» de San Juan: agua con mercurio y cianuro

Ana Chayle / Tierra Viva

Fabio Romero se encontraba fuera de Iglesia, el departamento sanjuanino donde vive desde hace casi 30 años, cuando leyó en un medio local que cientos de pejerreyes habían aparecido muertos en las orillas del dique Cuesta del Viento, en ese departamento del norte provincial. Cuando regresó, días después, vio el espectáculo con sus propios ojos: “No eran cientos de peces, eran miles de peces”, asegura. “Yo no soy biólogo ni ningún especialista, pero soy un tipo que me dedico a actividades náuticas y acuáticas de toda mi vida y nunca lo había vivido, en ningún lado”, explica este hombre que, desde hace casi tres décadas, se dedica de forma deportiva y comercial al canotaje, rafting y pesca en el dique y los ríos de la zona.

La aparición masiva de pejerreyes muertos en las costas del dique fue la alarma que encendió la sospecha de un nuevo derrame desde la mina de oro y plata Veladero, de las firmas Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China). Los primeros peces muertos aparecieron el 3 de noviembre y el fenómeno se prolongó hasta unas dos semanas después.

Ante la inacción y el silencio del Estado, fueron los propios vecinos y vecinas de la Asamblea Jáchal No Se Toca quienes encomendaron análisis de agua a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), en Mendoza, y los solventaron de sus propios bolsillos. Personal calificado del laboratorio de la Facultad de Ingeniería se encargó de todo el proceso, desde la toma de muestras (el 7 de noviembre) hasta la elaboración del informe con los resultados que, dos semanas después, confirmaron la presencia de mercurio en el río La Palca, “que es el río que proviene de la mina Veladero”, explica a Tierra Viva el asambleísta Saúl Zeballos. Luego, este río se une al cauce del río Blanco y desemboca en el dique Cuesta del Viento.

El método de laboratorio establece un rango que, en este caso, oscila entre 0.0005 miligramo de mercurio (equivalente a 0.5 microgramo) por litro de agua y 0,001 miligramo del metal (equivalente a 1 microgramo) por litro de agua. “En 2015 (cuando ocurrió el primer derrame comprobado de la misma mina) se encontraron, en ese mismo punto de muestreo, exactamente los mismos valores que ahora”, expone Zeballos. En efecto, los análisis realizados en el mismo sitio días después del derrame ocurrido una década atrás y que constan en el expediente judicial, revelan índices de mercurio que fluctúan entre 0.0005 y 0.0012 miligramo de mercurio por litro de agua.

Los valores pueden parecer ínfimos, hasta que se comparan. El Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami), de San Juan, estableció una línea de base histórica con un valor de 0.0002 miligramos de mercurio por litro de agua en ese punto de muestreo. Por otro lado, la reglamentación de la Ley de Residuos Peligrosos fija un máximo de 0.0001 miligramo de mercurio por litro de agua para la vida acuática en aguas superficiales. Es decir, la cantidad de mercurio detectado en estos análisis supera los valores históricos de la zona y los máximos establecidos para la vida acuática.

Cloro y metales en el dique

Antes de que estuvieran los resultados del laboratorio, el análisis in situ en el río La Palca ya había confirmado la presencia de cloro en una concentración de 0.12 miligramo por litro de agua. El cloro no existe de forma natural en los ríos cordilleranos, dato que Zeballos subrayó en uno de los documentos presentados en la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Sohar Aballay, quien abrió una investigación ante la masiva mortandad de peces.

La detección de cloro en el agua del río les recordó a los vecinos las medidas de contención y saneamiento que empleó la empresa minera cuando ocurrió el derrame de millones de litros de solución cianurada en setiembre de 2015. En el informe presentado en aquella oportunidad y firmado por Jimena Daneri, en representación de la empresa, se lee: “Se definió -en conjunto con las autoridades gubernamentales- proceder a la adición de hipoclorito de sodio en el cauce del río Blanco, para neutralizar el contenido de cianuro”.

A partir de estos datos, la Asamblea ató cabos: “Esto quiere decir que la adición de cloro es una práctica habitual cada vez que tienen un derrame en la mina Veladero”, señala Zeballos y añade: “Lo que no se puede neutralizar es el mercurio”. Para la Asamblea de Jáchal, la presencia de ambos elementos -mercurio y cloro- en el agua permiten confirmar un nuevo derrame de efluentes mineros en el río y explicar la mortandad de los peces en el dique donde desemboca.

Minerales peligrosos en el agua

Los análisis de la Universidad de Cuyo reflejaron concentraciones de aluminio, arsénico, cobre, zinc y boro muy por encima de los valores aptos para la vida acuática. En Argentina, los niveles guía de sustancias peligrosas están fijados por el decreto 831/93, que reglamenta la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Para la protección de la vida acuática en aguas dulces superficiales, esta norma establece como valores máximos 5 microgramos por litro de agua para el aluminio, 2 para el cobre, 50 para el arsénico, 30 para el zinc y 750 para el boro. Todos expresados en microgramos por litro de agua.

Los resultados de los análisis realizados por la UNCuyo en el río La Palca determinaron 6700 microgramos de aluminio por litro de agua, 200 de cobre, 570 de arsénico, 480 de zinc y 4000 de boro (todos expresados en microgramos por litro de agua). Para el mercurio, la norma fija un límite de 0.1 microgramo por litro de agua y la cantidad hallada equivale a un valor comprendido entre 0.5 y 0.9 microgramo por litro. O sea, por lo menos cinco veces más que lo apto. No hace falta usar la calculadora para saber que las concentraciones halladas de los otros minerales en el agua del río exceden, de manera exorbitante, los máximos fijados en la norma para la vida acuática.

Las versiones oficiales: falta de oxígeno y agua

Ante la masiva mortandad de peces, el gobierno de San Juan intentó calmar las aguas con una versión que fue repetida como una verdad por los medios de comunicación afines. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable afirmó que la causa de muerte de los peces era la falta de oxígeno disuelto en el agua, que se conoce como hipoxia. Sin embargo, los análisis in situ realizados por la UNCuyo a distintas horas y en distintas zonas del dique determinaron un valor máximo de 9.16 y un valor mínimo de 7.84 miligramos de oxígeno disuelto por litro de agua. Según bibliografía especializada, los pejerreyes pueden vivir con un mínimo de 6 miligramos de oxígeno disuelto por litro de agua. Los resultados sobre PH del agua y temperatura también resultaron aptos para la vida de los peces.

“Entonces se trató de una terrible mentira que emitió el gobierno de la provincia de San Juan”, señala Zeballos y narra que “mientras estábamos tomando esas muestras, los pejerreyes seguían siendo expulsados por el dique hasta la orilla, o sea que seguían muriendo estando esos parámetros en forma más que apropiada para la vida de los pejerreyes”.

Otra versión difundida por los medios de comunicación locales explicaba la mortandad de peces apuntando al bajo nivel de agua en el dique. Sin embargo, apenas un par de meses antes del inicio del fenómeno, la Secretaría de Recursos Energéticos de San Juan había informado que el dique Cuesta del Viento tenía 3.45 metros más de agua —sobre el nivel del mar— que para la misma época del año pasado. “Y en 2024 no hubo pejerreyes muertos, y ahora sí; entonces, no fue por la cantidad de agua”, concluye Zeballos.

En esa oportunidad, los medios habían resaltado que el dique Cuesta del Viento se hallaba al 76 por ciento de su capacidad: todo un logro en medio de una emergencia hídrica y alertas por sequía en la provincia. Fabio Romero coincide con esta observación: “Hacía muchos años que no se veía el dique tan lleno, con tanto volumen de agua”.

Los análisis de gobierno y empresa

En un primer informe del Cipcami, el ente gubernamental manifestó haber tomado muestras el 6 de noviembre y, en menos de siete líneas, difundió sus conclusiones: los análisis no revelaron “presencia de cianuro, mercurio ni nitritos” en ninguno de los puntos monitoreados. El documento tiene poco más de una página y no adjunta tabla de valores, ni métodos empleados. “Es un informe que no informa absolutamente nada”, describe Zeballos.

Veinte días después, al mismo informe se le adicionaron algunas fotografías y tablas. Allí aparecen como resultados cantidades óptimas de oxígeno disuelto para la vida de los pejerreyes —lo que contradice la primera versión oficial—, cantidades menores de metales en el agua y no hay cifra para el mercurio. Como datos, los resultados del análisis de metales corresponden al 13 de noviembre, es decir, diez días después del inicio del fenómeno. Otro detalle: el laboratorio que realizó el análisis y firmó los resultados (a pedido de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero de la provincia de San Juan) es SGS, el mismo que realiza los análisis para la empresa minera.

Justamente, en su página oficial, Veladero difundió los resultados de un análisis realizado también por SGS, con muestras tomadas el día 27 de noviembre en el marco de un “monitoreo participativo”. Los resultados estuvieron tan sólo un día después y no señalan anomalías. Sin embargo, Zeballos resalta la diferencia de tiempo entre el fenómeno observado (entre el 3 y el 18 de noviembre) y la toma de muestras (diez días después de su finalización). “A los monitoreos participativos los hacen recién cuando saben que todo está bien”, subraya Zeballos.

Dos años sin análisis presupuestados

Hacía meses que la Asamblea jachallera venía denunciando al municipio, encabezado por Matías Espejo (Partido Justicialista), por no realizar análisis del agua, pese a la existencia de una ordenanza que lo obliga y a un presupuesto asignado para tal fin. “Teniendo 70 millones de pesos en presupuesto para hacer análisis en el año 2024, el gobierno departamental no hizo ni uno en todo 2024, y teniendo 123 millones de pesos de presupuesto para hacer análisis en el 2025 no hizo ninguno hasta que nos empezamos agrupar los productores agrícolas y ganaderos, la Asamblea Jáchal No Se Toca y grupos pastorales de la iglesia de Jáchal, con el apoyo del párroco Gustavo Vaca”, reclama Zeballos.

La ordenanza 2814 “Agua Segura” había sido presentada en 2014 y archivada hasta que el derrame de 2015 la sacó de los cajones y los despachos legislativos. Sancionada hace diez años, la norma parecía otra vez dormida hasta que la aparición de los peces muertos reclamó, nuevamente, su cumplimiento. Recién el 25 de noviembre el Municipio puso en marcha un nuevo operativo.

Zeballos subraya nuevamente el desfase temporal: las muestras fueron tomadas 22 días después desde que empezaron a aparecer los peces muertos. “Todo esto demuestra que estaban esperando que se diluya la contaminación, o sea, estaban ayudando a encubrir a la Barrick Gold, igual que la encubre el gobierno de la provincia (liderado por Marcelo Orrego, Juntos por el Cambio)”, denuncia el asambleísta.

La ordenanza ya había experimentado algunas trabas. Fue cuando una modificación de la norma estableció la designación de un procurador ambiental y un comité conformado por tres personas que, a su vez, deben ser promovidas por asociaciones con personería jurídica. Sus funciones son, entre otras, generar los presupuestos para los análisis, velar porque se hagan, realizar los informes y ponerlos en conocimiento de la población.

“Ya hace un año y medio atrás se eligieron a estas tres personas: uno fue candidato a intendente de Jáchal, de (la línea de) José Luis Gioja (ex gobernador, diputado y senador de San Juan y promotor de la megaminería), otra persona es proveedora de ropa de trabajo para empresas mineras y otra pertenece a una familia que siempre ha prestado servicios para la minería y está prestando servicios para Barrick Gold en este momento”, refiere Zeballos. En tanto, “el procurador que se eligió es un biólogo que es consultor minero”.

Pese al dinero contemplado en el presupuesto y a la alarma generada en la población, el examen de los pejerreyes muertos quedó afuera de los análisis realizados, al menos, de los que se dieron a conocer.

El impacto más allá de los peces

Cuando el Dique Cuesta del Viento se llenó y fue habilitado para actividades acuáticas, náuticas y pesca (año 2000), Romero ya se encontraba en la zona. En el dique posee un parador para la práctica de canotaje e incluso tiene una escuela para niños, que decidió cerrar “hasta tener un parámetro más certero y, lamentablemente, hacía un mes que habíamos empezado las actividades”, señala. “Cómo iba a trabajar con miles de peces muertos a mis pies”, se pregunta y señala que otros paradores también decidieron suspender las actividades porque “si se han muerto peces, miles, no sé qué impacto puede tener en las personas”, señala Romero.

La aparición de manchas oscuras en la piel de algunos instructores, durante ese periodo, ratificó la decisión de Romero de cerrar su fuente de ingresos.

Romero se indigna ante la falta de respuestas de las autoridades de Iglesia, en cuyos límites se localizan la mina Veladero y el dique Cuesta del Viento. “Me llama poderosamente la atención que, en 30 días, cuando está detonado un dique del que nos servimos todos, no haya saltado ningún funcionario de Iglesia y sí gente de Jáchal, que es otro departamento”, manifiesta.

El silencio de las autoridades, primero, y las versiones sobre la hipoxia y el volumen de agua en el dique, desmentidas después, acrecientan la desconfianza de los pobladores. Tampoco hay confianza en el comunicado de la empresa, que desmiente el derrame. “Esta gente tiene antecedentes de haber mentido y que vuelvan a mentir ahora, qué novedad sería”, dice Romero, en referencia al derrame de 2015, que la empresa primero negó y terminó confirmando en más de un millón de litros de solución cianurada vertida en el río.

“Estamos padeciendo en forma directa la actividad de las mineras”, afirma Romero y añade que, estas empresas “vienen y nos revientan la cuenca, los lugares naturales, y nos hacen muchísimo daño a las restantes actividades que no tienen que ver con la minería, pero sí padecemos este tipo de acciones”. Y agrega que “es ser muy corto” pensar que sólo se trata de peces”, ya que el daño afecta “a la sociedad, a las poblaciones, a los sembradíos”, enumera.

También en Andalgalá, Catamarca, donde avanza el proyecto minero MARA (Glencore), los vecinos denuncian que la actividad está afectando la calidad del agua de los ríos. “Desde que comenzaron las actividades de «exploración avanzada» (remoción y perforación de suelos) en el yacimiento Agua Rica y alrededores, cada vez que llueve en la montaña, el agua baja de ese color indefinido”, afirma en un comunicado la Asamblea El Algarrobo, de la localidad catamarqueña.

Tanto en San Juan como Catamarca, los gobiernos han buscado instalar la idea de “pueblos mineros” como si se tratara de un destino irrenunciable. Romero cuestiona la idea y afirma: “Hay miles de personas que no queremos ser mineros. Hace años que vienen hablando de la minería sustentable, del desarrollo sustentable, y es un relato, un verso, un chamuyo, basta con llegar a este lugar y ver lo que, en 20 años, están dejando las mineras”. Y especifica que “no es sólo verlo económicamente, sino también dañado, reventado, el medioambiente”.