Un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela la profundidad de la crisis que atraviesan las Universidades Públicas Nacionales. El análisis compara el impacto de la Ley 27.795 (insistida por el Congreso) frente al proyecto modificatorio que el Gobierno Nacional envió en febrero pasado para evitar su aplicación plena
Uno de los datos más alarmantes del informe es la situación de los trabajadores en relación con la Canasta Básica Total (CBT). A marzo de 2026, la CBT alcanzó los $1.434.464.
En el sector docente, únicamente los titulares con dedicación exclusiva logran superar el umbral de pobreza, y lo hacen por un margen mínimo de $121.370.
El resto de los cargos docentes con dedicación exclusiva perciben salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica.
La situación es crítica para quienes tienen dedicación simple: la mayoría se ubica incluso debajo de la línea de indigencia, ya que sus básicos no llegan a cubrir los $658.011 de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Desde que asumió la gestión de La Libertad Avanza, el poder adquisitivo de docentes y no docentes se desplomó un 34,2% (dato acumulado a abril de 2026). El CEPA advierte que el esquema de aumentos propuesto por el Gobierno —tres cuotas de 4,1% que suman un 12,3% anual— es insuficiente frente a una inflación proyectada del 23,6% para septiembre de este año.
De aplicarse la ley original que el Congreso ratificó, los salarios habrían recuperado casi la totalidad de lo perdido, ubicándose apenas un 1,3% por debajo de los niveles de noviembre de 2023.
El ajuste no solo afecta a los bolsillos, sino al funcionamiento mismo de las instituciones.
Entre 2023 y 2025, la caída del presupuesto universitario fue del 32,5% en términos reales.
Si se mantiene el presupuesto vigente para 2026, la reducción acumulada respecto a 2023 llegaría al 41,6%.
El proyecto oficialista para este año implicaría un presupuesto un 35,1% menor al que establecía la Ley insistida por el Poder Legislativo.
Cabe recordar que la Ley 27.795 fue sancionada en agosto de 2025, vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por ambas cámaras en octubre. A pesar de que la Justicia ordenó su cumplimiento en diciembre de 2025 tras un decreto que suspendía su aplicación, el Gobierno respondió enviando un nuevo proyecto de ley en febrero de 2026 para modificarla y consolidar el recorte actual.
Fuente: Elaboración propia en base al informe «Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente – Mayo 2026» del CEPA
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