El Ejecutivo de Entre Ríos ordenó a un productor que retire terraplenes ilegales de las islas

La Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos ordenó en una resolución administrativa a un productor de la zona de islas del Delta del Paraná, la remoción total de terraplenes construidos para la cría de ganado, por considerarlos «ilegales» y porque constituyen un «daño ambiental intolerable» para el ecosistema de humedales.

El expediente administrativo aclara que las obras que implican las instalaciones alteran los patrones de irrigación naturales del territorio, lo cual constituye un «daño ambiental» en sí mismo, generando un riesgo «intolerable» que afecta el bioma. La resolución ordena además una serie de medidas «urgentes» para remediar el «daño causado», entre las que se señala «la apertura de los terraplenes, a fin de garantizar la libre circulación de los cursos y cuerpos de agua intervenidos».

A su vez, intima al productor que alteró un área de 70 hectáreas de la isla del Pillo, en jurisdicción del departamento entrerriano de Victoria cercana al Puente Rosario-Victoria, a que proceda en un plazo no mayor a los 30 días, como parte de un «plan de recomposición ambiental».

«Esta decisión política tan esperada del Poder Ejecutivo entrerriano, marca un punto de inflexión con el manejo de terraplenes ilegales en las islas y va a tener un impacto directo en las causas que se están tramitando en la Justicia», afirmó a Télam el abogado de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, Fabian Maggi.

«Es un hecho trascendente porque el Gobierno provincial venía haciendo todo lo contrario, siendo permisivo y no fiscalizaba ni controlaba», remarcó.

Consultado sobre las posibles causas del cambio en el accionar de la Secretaría de Ambiente entrerriana, el especialista consideró que «en la resolución se hace mención a una causa judicial lo que hace presumir que es gracias a el accionar de la Justicia y a la presión social en torno al tema, que las autoridades toman este nuevo temperamento porque nunca habían actuado de esta manera». En ese sentido, resaltó que «no se ordena la remoción de las obras hídricas solo por el impacto ambiental, sino que también, la base de la argumentación es que son absolutamente ilegales porque se construyeron sin ningún tipo de autorización».

«Hay una ilegalidad en el obrar de los productores que no tienen problema en avanzar a pesar de las prohibiciones legales», destacó. «Esas tierras pertenecen a un productor que está dentro de los demandados de la denominada Causa Baggio que es la que la Asociación Civil Cuenca Río Paraná lleva contra estos productores por daño ambiental», señaló.
La construcción de terraplenes es una práctica común e histórica en la zona del Delta del Río Paraná que viene siendo denunciada desde hace años por organizaciones ambientalistas por las modificaciones que generan a la zona de humedales provocando daños, en muchos casos irreparables al ecosistema.

Muchos especialistas colocan a estos endicamientos ilegales, a la cabeza del daño ambiental, por encima de los incendios intencionales de vegetación autóctona; ya que la modificación en el terreno le quita la condición de humedal a esa zona de las islas.