El nuevo invento libertario busca emular, con un alto gasto fiscal, al RIGI original por el que hasta el momento solo se concretaron inversiones de poco más de 700 millones de dólares. Es un paquete de beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y regulatorios
El Gobierno nacional envió al Congreso este martes al Congreso el proyecto de ley para crear el denominado Súper Rigi, un nuevo esquema de promoción destinado a captar grandes inversiones vinculadas a industrias consideradas estratégicas y de alto desarrollo tecnológico. Por ejemplo, las que motoriza el ahora residente en Buenos Aires Peter Thiel, dueño de Palantir, el emporio dedicado a potenciar con IA el control ciudadano y el accionar bélico.
El nuevo invento libertario busca emular, con un alto gasto fiscal, al RIGI original por el que hasta el momento solo se concretaron inversiones de poco más de 700 millones de dolares. La nueva versión fue remitida a la Cámara de Diputados a través del Mensaje 181/2026. Lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El proyecto se denomina formalmente «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias». Es un paquete de beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de al menos 1.000 millones de dólares.
El texto oficial argumenta que el objetivo es atraer inversiones de gran escala en actividades «que actualmente no se desarrollen en el país o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto».
Entre los sectores mencionados en los fundamentos aparecen inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica, hidrógeno, GNL, reactores nucleares pequeños, baterías de litio y manufacturas tecnológicas.
Crl Super Rigi by Claudio de Moya
Entre los principales beneficios incluidos en la iniciativa figuran:
Además, estipula una reducción de contribuciones patronales al 10% para nuevas relaciones laborales generadas por los proyectos adheridos. Un ítem que impactará en la recaudación de la Ansés.
En materia cambiaria, las empresas podrán disponer libremente de un porcentaje creciente de las divisas obtenidas por exportaciones: 20% después del primer año, 40% luego del segundo y 100% a partir del tercer año desde la primera exportación.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que Argentina quedó rezagada frente a otros países por «décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva y restricciones cambiarias».
Y se esperanza en que el proyecto posicionará al país “como un destino de inversión de primer nivel mundial en industrias del futuro”.
El texto define como «nuevas actividades económicas» aquellos proyectos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica con «impacto transformador en la estructura productiva nacional». Una descripción laxa.
Aclara que no podrán ingresar proyectos que sean ampliaciones o reconversiones de actividades ya existentes.
Uno de los puntos centrales del esquema es que las provincias y municipios deberán adherir formalmente para que los proyectos puedan acceder a los beneficios.
El Gobierno nacional, en ese punto, señala en el proyecto que las jurisdicciones deberán comprometerse a mantener estabilidad fiscal y condiciones compatibles con la magnitud de las inversiones.
En ese sentido, establece que cualquier norma provincial o municipal que limite o afecte los beneficios otorgados por el régimen será considerada «nula de nulidad absoluta».
El proyecto establece que sólo podrán ingresar inversiones de al menos u$s1.000 millones.
Además, las empresas deberán comprometer al menos el 20% de esa inversión durante los primeros dos años desde la adhesión al régimen.
Los proyectos deberán canalizarse mediante Vehículos de Proyecto Único (VPU), sociedades creadas exclusivamente para desarrollar cada iniciativa adherida.
El plazo inicial para adherirse será de cinco años, con posibilidad de prórroga por un año adicional.
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