La vocera provincial, Virginia Coudannes, sostuvo que los cambios buscan ampliar las herramientas de fiscales y Justicia para combatir el delito, en medio del rechazo de legisladores opositores y de la Corte Suprema en pleno por el riesgo para las garantías constitucionales
El gobierno de Maximiliano Pullaro salió a defender el paquete de reformas de seguridad que debate la Legislatura santafesina, cuestionado por legisladores opositores, el pleno de la Corte Suprema, la defensa pública y entidades como la Asociación de Abogados Penalistas de Rosariopor considerar que amplía las facultades policiales y fiscales, y debilita los controles judiciales. Está previsto que le Cámara de Diputados debata la iniciativa el próximo jueves.
La respuesta llegó a través de la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien sostuvo que las iniciativas apuntan a consolidar el plan de seguridad y dotar de “más facultades y competencias a la Justicia, a la Fiscalía”, con herramientas que el Ejecutivo considera necesarias para combatir el delito.
“Siempre hay mucho por hacer, hay un delito que seguir persiguiendo y lo vamos a sostener”, afirmó la funcionaria, quien defendió los resultados de la política provincial y planteó la necesidad de avanzar sobre “toda la cadena de montaje del delito”.
La Asociación de Abogados Penalistas, en un documento presentado ante la Cámara de Diputados, advirtió que varios cambios podrían habilitar intervenciones estatales con controles judiciales insuficientes. Entre otros puntos, cuestionó la posibilidad de que la policía interrogue a personas sospechadas antes de su imputación formal, que se realicen juicios en ausencia del acusado y que se admitan pruebas obtenidas ilegalmente bajo el argumento de la buena fe de los agentes.
También objetó la ampliación de los allanamientos sin orden judicial y la posibilidad de que los fiscales dispongan determinadas medidas cautelares sin autorización previa de un juez. Para la entidad, esas modificaciones pueden afectar el derecho de defensa y garantías constitucionales.
Sin referirse puntualmente a esos cuestionamientos, Coudannes defendió la necesidad de sumar herramientas legales y presentó cifras de los operativos en el departamento La Capital. Según informó, en lo que va del año se realizaron más de 600 mil identificaciones de personas y más de 170 mil de vehículos. Además, hubo 257 detenidos en 190 procedimientos vinculados con robos de cables, medidores y otros metales.
La vocera también destacó los controles en chatarrerías y desarmaderos y atribuyó al plan provincial una reducción del 63 por ciento de los homicidios respecto de 2022 y 2023, sin precisar el período de comparación.
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