Según la hipótesis fiscal, el hombre de 35 años contrató una empresa de sicariato para borrar a su competencia
Un empresario rosarino que está acusado de contratar los servicios de un tiratiros para matar a un ex socio en una empresa de fabricación de suplementos alimenticios seguirá tras las rejas. El imputado había solicitado una morigeración al encierro preventivo dictado a mediados de mayo pasado pero el juez actuante resolvió prorrogar la prisión preventiva por el plazo de ley en la investigación que enfrenta por el delito de homicidio calificado por haber sido cometido por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas.
Según la imputación fiscal, a principios de este año Lucas F., de 35 años, quiso borrar su competencia comercial a fuerza de balas. Contrató los servicios de tiratiros para borrar de la faz de la tierra a Mauricio L., un ex socio, que se había abierto camino solo y formó una nueva empresa del mismo rubro.
La investigación de este hecho dejó al descubierto otra empresa: la de contratar los servicios de gatilleros para cometer asesinatos y amenazas, que era manejada desde la cárcel.
Esta metodología se conoció en el marco de una investigación en la Justicia federal donde se toparon con información de interés para los fiscales provinciales vinculada al crimen de Nicolas «Fino» Ocampo, quien fue integrante de la banda de Esteban Alvarado y declaró en su contra. El hombre fue asesinado a tiros el 16 de abril pasado frente a su casa en Ocampo al 6600.
De las escuchas telefónicas relacionadas a este crimen surgió la existencia de una empresa de tiratiros que tenía integrantes dentro y fuera de la cárcel. Así fue aflorando información sobre la intención de Lucas F. de matar a su ex socio Mauricio L., la negociación para la contratación de los homicidas y el costo de esa labor.
Según la estimación fiscal, el empresario entregó unos 100 mil pesos para gastos y entre 350 y 400 mil pesos por el trabajo realizado. Los pesquisas también determinaron que por Whatsapp, Lucas F. le dio información a Germán P. sobre la víctima y este hombre –quien trabajaba en una empresa de catering– encargó el crimen a Fabio G., un interno de la cárcel de Zeballos y Ricchieri, conocida como La Redonda, explicaron.
Según la hipótesis fiscal, este hombre dispuso los recursos humanos y materiales para llevar adelante el homicidio a través de Brian Josúe G. y Uriel R.
La víctima sufrió dos intentos de homicidio: el primero se cometió el 21 de abril en el local de la firma Xnutrition SRL ubicado en avenida del Rosario al 2700. El agresor se hizo pasar por cadete. Apenas vio a Mauricio L. sacó un arma y disparó pero no logró herirlo. El atacante intentó huir en moto. Sin embargo, fue detenido por personal del Comando Radioeléctrico a las pocas cuadras. Lo identificaron como Uriel R. En esa oportunidad fue imputado por amenazas, encubrimiento y portación.
Para la Fiscalía esta agresión fallida alentó al empresario a intentarlo una vez más. Esta vez el ataque estaba planeado en contra del empresario y su hermano pero no llegó a concretarse gracias a la intervención de la Justicia. Oportunidad en la que detuvieron a Brian G. y el 13 de mayo cayó el empresario.
El 18 de mayo, Lucas F., Fabio G. y Germán P. fueron imputados como instigadores del delito de tentativa de homicidio calificado por haber sido cometido por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas, este último además como partícipe necesario, y Uriel R. como autor.
Este miércoles se llevó adelante una audiencia de revisión de la medida cautelar impuesta a Lucas F. Su defensa pidió una morigeración a la medida cautelar pero el fiscal Matías Edery se opuso. Tras escuchar a las partes el juez Román Lanzón tuvo por formalizada la audiencia, rechazó la solicitud de la Defensa, y resolvió que el imputado continuara en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley –es decir al menos dos años hasta el juicio oral–.
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