El fiscal Edery dijo que la presentación de Senadores es una intromisión en la decisión de un juez

El escrito que presentó la vicegobernadora Alejandra Rodenas, en representación del Senado, dónde solicita el archivo de las actuaciones fiscales respecto al senador Armando Traferri en la pesquisa por juego ilegal generó reacciones en el MPA. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra retrucaron con otro escrito ante el magistrado Carlos Leiva ya que sostienen que se trata de un intromisión del Senado en el Poder Judicial y pidieron que se saque del legajo judicial y se devuelva a la Cámara de Senadores.

El declaraciones a LT8, Edery explicó que presentaron un escrito diciendo que “la presentación de la vicegobernadora (Alejandra) Rodenas, en representación del Senado, es una intromisión en la decisión de un juez que tiene que tomar una decisión sobre un pedido concreto que le hicimos”.

Dijo que la defensa que tiene que hacer el senador Traferri no la puede hacer el cuerpo del que es representante: “Creemos que es un medio de presión al juez que tiene que resolver porque no sólo le están diciendo lo que tiene que hacer. Si uno analiza la sesión de senadores, (Joaquín) Gramajo y otros dijeron que el juez tenía que archivar y tenemos que tener en cuenta que es la misma gente que puede juzgar al juez por sus actos. Entendemos que es un intromisión indebida y corresponde que ese escrito se saque del legajo judicial y se devuelva al Senado”.

En cuanto a la referencia que se hizo la vicegobernadora de que la presentación es un acto administrativo, que fue votado en la Legislatura y que lleva su firma porque así lo establece el reglamento, el fiscal dijo a LT8 que «no hay ninguna obligación» de cumplir. «Que el Senado le diga un juez lo que tiene que hacer es un acto ilegal, nadie está obligado a producir un acto ilegítimo, no existe una obediencia debida respecto a esto y no era necesario presentar un escrito se podía mandar un mail». Y agregó: “Es grave que el Senado intente incorporar una resolución de ellos a un juez dónde le diga lo que tiene que hacer, sea por la vía que sea”.

Dijo también el fiscal: “Creo que la doctora Rodenas sabe que los jueces no tienen que escuchar a otros poderes previo a resolver una cuestión que esté sometida a su ministerio. Fue jueza mucho tiempo y entiendo que si le hubiera llegado una resolución de la Cámara de Senadores diciendo lo que tiene que hacer hubiera hecho lo mismo que estamos haciendo nosotros, porque las resoluciones judiciales las tienen que resolver los jueces con los argumentos que les dan las partes y no otros poderes del Estado».

En cuanto a la creación de una comisión de estudio, seguimiento y evaluación del funcionamiento del MPA el fiscal dijo que la constitución los habilita a formar comisiones pero no que invadan la esfera de poder de otros organismos. «Sabemos que está la comisión de acuerdos que juzga a los fiscales y está la auditoria de gestión que también nos puede aplicar sanciones. Que ellos se arroguen la facultad de cuestionar nuestro trabajo, de analizarlos implica un avance sobre esas facultades que están creadas por ley, recordemos que lo del Senado no es una ley es una resolución interna y esas resoluciones internas son para regular el trámite administrativo del Senado pero no tienen fuerza de ley. Por eso entendemos que fue más que nada una especie de intento de intimidación a quienes investigan a personas vinculadas al poder”.

Edery dijo que ahora hay dos cuestiones que resolverse, una tiene que ver con el planteo de inconstitucionalidad y la otra con la decisión de juez de declara admisible o no este escrito. En cuanto a la investigación dijo que tiene más de 20 imputados y se están analizando una serie de allanamientos para avanzar en la faz económica de la organización y adelantó que en estos días comenzaran las imputativas a las personas que participaron en este estamento de la organización.

En cuanto al ex fiscal regional Patricio Serjal contó que en la audiencia declararon cuatro profesionales de la salud, dos del Consultorio Médico Forense y dos del Servicio Penitenciario que manifestaron que la salud psicológica y psiquiátrica eran críticas, por eso se resolvió una domiciliaria pero aún no están cumplidas las condiciones que impuso el juez como la tobillera electrónica por lo que aún permanece en el penal.