El fiscal no estaba enfermo, estaba de parranda

Este jueves, la Asamblea Legislativa aprobó 21 pliegos para cubrir distintos cargos en el Poder Judicial: ocho magistrados, 12 fiscales para el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y un defensor público para el Servicio Provincial de la Defensa Penal.

Todos los postulantes fueron aprobados por unanimidad, excepto Julián Cochero, designado como fiscal del MPA para la Circunscripción Judicial Nº 3 con sede en la ciudad de Melincué. En torno a su pliego se generó un largo debate, aunque resultó aprobado por amplia mayoría: 29 votos afirmativos, cinco votos negativos (los radicales Santiago Mascheroni, Julián Galdeano, Patricia Tepp, Alejandro Boscarol y Susana Bertone) y dos abstenciones (Carlos Del Frade del FSP y Ariel Bermúdez del partido Creo).

En el debate, diputados y senadores pusieron en duda “el apego al trabajo” del fiscal propuesto por el Poder Ejecutivo, que venía cumpliendo funciones en la localidad de Melincué bajo el viejo sistema penal. En la Asamblea Legislativa, directamente lo acusaron de querer “seguir cómodamente como hasta ahora sin trabajar”.

Pero además los legisladores de los distintos bloques se reprocharon entre sí, en medio de la sesión, por no ejercer sus deberes de control respecto de las funciones de los integrantes del MPA y del Servicio Público de la Defensa Penal.

Al final de la discusión, los legisladores acordaron que al fiscal Cochero lo menor sería “darle un ascenso para que ahora sí tenga una ocupación concreta, una tarea para hacer”, según resumió el senador radical Lisandro Enrico (departamento General López).

El fiscal proviene del viejo sistema penal; bajo aquel sistema conclusional, que se ocupaba de las causas previas a 2014, ya no tenía funciones para cumplir, según expusieron los legisladores durante la sesión. Ahora pasará al nuevo sistema penal y será la propia Legislatura la que deba controlar su actividad.

En noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo había enviado el pliego de Cochero a las cámaras, pero el fiscal faltó a la entrevista con la Comisión de Acuerdos y el Ejecutivo finalmente decidió retirar su pliego antes de la sesión.

En aquella oportunidad, el funcionario judicial adujo no poder participar de la entrevista de evaluación por encontrarse enfermo, pero tres días después, en sus propias redes sociales, publicó fotos en un casamiento “con una corbata atada en la cabeza”, según describió el diputado radical Julián Galdeano, que votó en contra de la aprobación del pliego.