El fiscal paraguayo asesinado en Colombia colaboró en causas argentinas vinculadas al narcotráfico

El crimen del fiscal antinarco de Paraguay Marcelo Pecci encendió la luz de alerta entre sus pares argentinos, ya que existe una red organizada que trabaja en conjunto y consideran que el homicidio es una señal para todos los empleados judiciales que investigan causas vinculadas al comercio de drogas.

Pecci integraba la Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos, al igual que en la Argentina lo hacen los miembros de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Asimismo, encabezó casos de gran repercusión que fueron trabajados en equipo y el mayor fue «Ultranza», una investigación por lavado de activos que generó pérdidas de US$ 250.000.000 a narcos que exportan toneladas de cocaína de Colombia a Europa, vía Paraguay.

Fuentes oficiales revelaron a NA que Pecci en la Argentina colaboró e intervino en muchas causas antidrogas en las que se dio intervención a Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, entre otras fuerzas.

«El fiscal asesinado no trabajaba en forma directa con el país, pero lo hacía mediante la Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos. Desde hace unos seis años trabajaba y prestaba colaboración al mismo tiempo», precisaron los voceros consultados por Noticias Argentinas.

Esta Red comenzó a formarse en un foro realizado en 2014 en Montevideo y a partir de entonces su tarea permitió desbaratar a bandas narcos transnacionales, cuyas células operan por varios países.

El crimen de Pecci en una playa privada de Colombia a mano de sicarios exteriorizó una gran preocupación entre sus colegas, tanto nacionales como extranjeros, ya que entienden que se trató de un mensaje para todos los fiscales. En ese aspecto, consideraron que los narcos, con bandas «cada vez más poderosas» les están advirtiendo que «no investiguen».

Entre sus tareas como colaborador en causas ocurridas en la Argentina, aparece una incautación de droga en Paraguay, la cual fue aportada a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que permitió imputar a Gustavo Sancho y sus tres hijos, en marzo de 2019. Era una megacausa por lavado de dinero del narcotráfico, por la que la magistrada recibió amenazas de muerte.

Sancho fue un histórico narco de San Martín que operaba en las sombras bajo la fachada de empresario pujante, hasta que apareció envuelto en la trama del homicidio de la pequeña Candela Sol Rodríguez en 2011.

Pecci también colaboró en la investigación que desbarató una banda que traficaba marihuana en el buque de combustible «Don Juan», por la Hidrovía Paraguay-Paraná, en septiembre de 2019. En ese caso intervino el juez federal de Morón Néstor Barral.

Y la investigación más reciente en la que participó la víctima del crimen mafioso fue la que permitió las detenciones por una casa rodante que iba a ser enviada a España con más 71 kilos de cocaína ocultos, desde el puerto de Zárate. Las siete detenciones en ese caso fueron ordenadas por el juez federal de Campana Adrián González Charvay y las llevó acabo personal de la Policía Federal.<!– 1652465145716 –>