El exterminio de 1,5 millones de personas en 1915 no fue un arrebato de locura, sino una política de Estado planificada. Hoy, la herencia jurídica de Turquía y el reciente bloqueo en Nagorno Karabaj demuestran que, mientras haya negacionismo, la herida sigue abierta
Florencia Demirdjian (*)
La historia no da saltos al vacío. Para el historiador francés Yves Ternon, un Estado no se vuelve genocida de la noche a la mañana.
El exterminio es el hito final de una crisis que envía señales claras: comienza con la deshumanización y termina en las fosas. El caso del pueblo armenio en Anatolia es, quizás, el ejemplo más doloroso de esta progresión.
Lo que comenzó como una dinámica de opresión estructural bajo el Imperio Otomano –donde las minorías ocupaban un escalafón jurídico inferior– escaló hacia una secuencia programada de destrucción. No fue solo la violencia física lo que aniquiló a los armenios, sino el desmantelamiento previo de sus derechos: la desnacionalización, la confiscación de bienes y la ruptura de su tejido social.
A finales del siglo XIX, la «cuestión armenia» dejó de ser un asunto interno para convertirse en instrumento de negociación internacional.
En medio de la disputa de las potencias por el control del Canal de Suez y el ferrocarril Berlín-Bagdad, la minoría armenia quedó atrapada en la paranoia de un Imperio en descomposición.
En este contexto de tensión entre el «centro» y la «periferia», esta injerencia extranjera, lejos de proteger a la minoría, alimentó la paranoia de un Imperio Otomano veía en la fragmentación de su territorio una amenaza existencial.
Desde la perspectiva del derecho internacional, Turquía no surgió en 1923 como un Estado totalmente nuevo o una tabula rasa, sino como el Estado sucesor del Imperio Otomano, las obligaciones por crímenes de lesa humanidad no caducan con un cambio de régimen.
Al tratarse de una violación a normas imperativas (jus cogens), el derecho a la verdad y la reparación es imprescriptible. El genocidio no es solo un hecho del pasado; mientras el Estado sucesor mantenga el negacionismo, el crimen permanece en un estado de «ejecución continua», vulnerando hoy los derechos de los descendientes.
La República de Turquía, se consolidó como la heredera legal y administrativa de un plan sistemático de exterminio. Esta estructura no solo implicó la eliminación física, sino la creación de un andamiaje jurídico diseñado para la confiscación y la supresión de la identidad armenia.
«Es precisamente en este andamiaje donde el genocidio se transforma en un crimen de ejecución continua: al no haber reparación ni reconocimiento, el despojo y la negación se perpetúan como actos administrativos vigentes. Esta matriz de impunidad, como advierte Luis Moreno Ocampo, funcionó como el ‘arquetipo’ para que en 2023 se repitiera la historia en Nagorno Karabaj.
«Allí, el bloqueo y el hambre no fueron hechos aislados, sino la actualización de una tecnología de exterminio que demuestra que, mientras la fuerza se imponga al derecho, el genocidio de 1915 seguirá ocurriendo en el presente».
(*) Cátedra Armenia – CEA – UNR
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