Según el documento preliminar, el objetivo es reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos
El Gobierno avanza con un proyecto de Ley de Reforma Laboral, una propuesta que modifica de manera integral la Ley de Contrato de Trabajo y normas complementarias con el objetivo de reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos, según el documento preliminar.
El borrador al que prevé la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que permitiría a los empleadores regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas. Entre los beneficios ofrecidos figuran la condonación de deudas previsionales, multas e intereses, además de la baja del REPSAL, siempre que las empresas blanqueen a la totalidad del personal alcanzado.
En materia de registración, el documento propone centralizar la registración en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y suprimir el capítulo de multas por trabajo no registrado. No obstante, el borrador mantiene que la falta de registración constituye una presunción favorable al trabajador en caso de conflicto judicial.
Uno de los ejes principales del borrador es la modificación del régimen indemnizatorio. El texto redefine la base de cálculo, fija topes equivalentes a tres veces el salario promedio del convenio aplicable y establece un piso del 67% del salario normal y habitual. También habilita a los convenios colectivos a reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral sostenido por los empleadores.
El documento preliminar introduce además cambios en el artículo 212 vinculado a enfermedades y accidentes laborales, ajusta los criterios para la reincorporación del trabajador y establece distintas modalidades de indemnización según el tipo de incapacidad.
Otro capítulo relevante es la creación de un régimen especial para los repartidores de plataformas digitales, a quienes define como “trabajadores independientes”. El borrador fija obligaciones fiscales y de seguridad social, pero también derechos, como la posibilidad de rechazar pedidos sin justificación y el derecho a recibir explicaciones en caso de bloqueos en la aplicación.
En cuanto a los procedimientos de crisis y la negociación colectiva, el documento propone reforzar la obligación de negociar de buena fe, incorporar sanciones para las partes que entorpezcan el proceso y exigir mayor transparencia en la información que las empresas deben brindar a los sindicatos.
El borrador también plantea una nueva fórmula de actualización de créditos laborales —basada en IPC más un 3% anual— y fija límites para las causas en trámite con el fin de evitar indemnizaciones superiores a las que resultarían del esquema previsto.
Además, el texto analiza beneficios para incentivar la contratación de nuevos empleados, con reducciones temporales en las contribuciones patronales a distintos subsistemas de la seguridad social.
El proyecto seguirá siendo trabajado por el Ejecutivo antes de definir la versión final que será elevada al Congreso.
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