Luego del último triunfo legislativo, la administración Milei prepara una avanzada contra normativas de género. Desde justicia anticipan que avanzaran con todos los cambios del código penal "en los próximos meses".
El gobierno de Javier Milei no pierde tiempo tras su última victoria en el Congreso y ya avanza con nuevas reformas. Ahora, el foco está puesto en la agenda de género, con el Código Penal como primer objetivo. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejó en claro el rumbo que tomará la administración libertaria: “Se acabó la joda del género”, sentenció en una reciente entrevista.
El plan oficialista incluye la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal, una medida que apunta a derogar un agravante que fue incorporado en 2012 tras años de lucha del movimiento feminista. Según la mirada del Ejecutivo, la normativa genera desigualdades y debe ser eliminada en pos de la «igualdad ante la ley».
Las declaraciones del ministro de Justicia no dejaron dudas. “Se acabó el delirio. La vida, la propiedad y la libertad son lo importante”, sostuvo, desestimando la violencia de género como problemática específica. También insistió en que las denuncias falsas son una preocupación central: “El daño es destructivo. Perdés la familia, el contacto con tu hijo y cuando lo encontrás es un chico con bigote”, afirmó en tono despectivo.
El ataque a las políticas de género no se detiene en el Código Penal. En la agenda del oficialismo también figura la derogación de la Ley de Identidad de Género, el DNI no binario, la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans y la Ley de Paridad Electoral. Para el gobierno, todas estas normativas responden a una ideología que consideran perjudicial.
La cruzada contra el feminismo no es nueva en la administración libertaria. En el Foro de Davos, Milei había calificado al «wokismo» como un «cáncer» y atacó abiertamente al movimiento de mujeres. Ese discurso terminó de consolidarse en el plan de reformas que ahora busca plasmar su gobierno.
En materia de delitos sexuales, Cúneo Libarona aseguró que los casos de «violaciones aberrantes» recibirán el castigo más severo, pero dejó entrever que la legislación vigente sobre violencia de género es excesiva. Además, adelantó que planea modificar la normativa para impedir que las personas privadas de libertad cambien de identidad de género mientras cumplen condena.
La eliminación de la figura del femicidio implicaría un retroceso significativo en la protección de las mujeres. La ley, sancionada en 2012, establece prisión perpetua para quienes maten a una mujer mediando violencia de género. Su derogación dejaría sin un marco específico a un delito que, según datos oficiales, ocurre cada 33 horas en Argentina.
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