El Ejecutivo santafesino enviará un proyecto a la Legislatura para dotar de mayor autonomía y especialización al organismo. La medida permitirá asistir a policías imputados en esos procesos y evitar conflictos de intereses
El Gobierno de Santa Fe avanza en la redacción de un proyecto de ley para modificar la estructura de la Defensa Pública provincial. La iniciativa busca facultar al organismo a crear unidades defensivas de alcance provincial independientes, pensadas para intervenir en expedientes complejos o donde existan posiciones contrapuestas entre las partes.
Según detalló el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, uno de los ejes centrales del proyecto es garantizar la asistencia legal a integrantes de las fuerzas de seguridad involucrados en investigaciones por hechos de violencia institucional.
«Yo creo que la mínima prudencia exige que, al menos, al policía le demos los mismos recursos y medios para defenderse que le damos a cualquier otro ciudadano», argumentó el funcionario.
El objetivo central es que estas nuevas unidades especializadas no respondan a ninguna de las cinco Defensorías Regionales que operan hoy en la provincia. Con este esquema, el Ejecutivo busca evitar que una misma estructura defienda simultáneamente a partes involucradas en un mismo conflicto (por ejemplo, a un policía y a un particular acusados dentro de la misma causa).
Alcance y límites para las fuerzas de seguridad
Qué incluye: Exclusivamente la representación en causas vinculadas a supuestos casos de violencia institucional.
Qué queda afuera: La iniciativa no contempla la asistencia estatal en causas por delitos de corrupción ni delitos comunes atribuidos a efectivos policiales.
El proyecto de ley prevé la creación de aproximadamente ocho cargos para la puesta en marcha de estas unidades. Estos puestos podrán ser cubiertos mediante concursos públicos o asignados a defensores que ya forman parte de la planta actual del organismo.
Durante la presentación de la iniciativa, Cococcioni recordó las resoluciones adoptadas durante la primera etapa de la Defensa Pública provincial, cuando el organismo estaba conducido por Gabriel Ganón. En aquel momento, se dictaron instrucciones internas para que los defensores oficiales no intervinieran en la asistencia a uniformados imputados por violencia institucional.
Si bien el ministro aclaró que no observa un sesgo ideológico en las autoridades actuales, marcó la necesidad de fijar una regla clara por ley para garantizar la igualdad ante la defensa técnica y dar respuesta a situaciones donde los policías debían recurrir a abogados particulares con asistencia económica del Estado.
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