El Consejo Directivo ratificó la clausura de prácticamente todas las actividades que llevaban adelante en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Los trabajadores estiman que 700 empleos corren riesgo y el organismo quedaría cerca de la disolución
El Gobierno de Javier Milei avanza con su plan de desguace en el Estado. El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) confirmó la eliminación de más de 900 servicios, dejando prácticamente sin actividades al organismo. Los trabajadores estiman que más de 700 trabajadores podrían perder sus puestos a raíz de la motosierra libertaria.
Tal como adelantó Data Clave, el Ejecutivo avanzó con la cesación de servicios sistematizados vinculados a alimentos y bebidas que brinda el organismo a las pymes y a la industria nacional. La decisión se tomó en base a un análisis interno que evaluó demanda, cobertura y alineamiento estratégico.
El documento sostiene que la revisión se dio en un contexto de cambios en el sistema productivo y crecimiento de capacidades privadas. Según se detalla, “una gran cantidad de servicios no han tenido demanda efectiva, o poseen oferta privada”, lo que llevó a considerar que se trataba de un uso ineficiente de recursos estatales.
Este martes, el Consejo Directivo del INTI dispuso la cesación de más de 900 servicios. Además, se ordenó que los convenio, órdenes de trabajo y demás compromisos contractuales vigentes serán cumplidos hasta su finalización, en busca de garantizar la continuidad de las prestaciones y el resguardo de los derechos de los usuarios.
Asimismo, instruyeron a la Dirección Operativa a “elaborar e implementar un plan de transición integral que contemple la finalización ordenada de los servicios alcanzados, el resguardo documental y la preservación de los registros técnicos, la comunicación formal a los usuarios y organismos competentes, y la identificación de aquellas capacidades críticas que deban ser sostenidas en el ámbito del Instituto”.
Desde la conducción se plantea que la medida no implica una retirada del Estado sino una reorientación. “No implica una retracción de su rol institucional, sino una reorientación hacia funciones donde su participación resulta más relevante”, se indica en los fundamentos. Sin embargo, hacia adentro del organismo, el impacto se traduce en un escenario más complejo.
En paralelo al recorte de servicios, también se registran dificultades operativas que afectan el funcionamiento cotidiano. La falta de pago de viáticos limita la posibilidad de que los equipos técnicos realicen visitas a empresas, una instancia clave para el desarrollo de asistencia y servicios.
Los trabajadores del organismo llevaron a cabo una asamblea para advertir de las consecuencias de la medida que tomó el Gobierno nacional. Señalaron que los recortes podrían desembocar en más de 700 despidos y lo dejaría al borde de la disolución.
Con la cesación de servicios sistematizados, los trabajadores quedarían prácticamente sin funciones en el organismo. En ese sentido, de no tener tareas, la Ley Bases habilita a las autoridades a pasar a disponibilidad a los empleados y luego echarlos.
Desde la Asamblea Multisectorial convocaron a una movilización el próximo martes 21 de abril a las 10 horas, donde trabajadores del ámbito científico, educacional y político explicarán las repercusiones que la pérdida de los servicios del INTI tendrá sobre la población argentina.
Fuente: Data Clave
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