La medida fue dispuesta a través de un decreto, firmado por el gobernador Omar Perotti y la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, para facilitar la participación de las trabajadoras en las diferentes actividades previstas para esa jornada
Las trabajadoras de la administración pública de Santa Fe quedaron «desobligadas» de concurrir a cumplir sus labores el 8 de marzo, cuando se conmemora del Día Internacional de la Mujer, en adhesión del gobierno de la provincia a las actividades del 8M, informaron este domingo fuentes oficiales.
La medida fue dispuesta a través del decreto 270/23, firmado por el gobernador Omar Perotti y la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, para facilitar la participación de las trabajadoras en las diferentes actividades previstas para esa jornada.
La única excepción a la norma refiere a «aquellas personas que se encontraren afectadas a garantizar los servicios esenciales y la seguridad pública».
«El Movimiento de Mujeres en el país y, en particular, en la provincia de Santa Fe, se ha caracterizado por su fuerte crecimiento, impronta, y trabajo en pos de lograr la igualdad», indica el texto, que remarca «la pluralidad democrática, la multiculturalidad, y la multigeneracionalidad que lo atraviesa».
«Tal trascendente ascendencia social y política ha asentado las bases que permiten, como nunca antes, construir igualdad, concientizar sobre la real igualdad de oportunidades, la erradicación de las violencias, el enfoque de la perspectiva de género para la transversalización de las políticas públicas, entre otras», añade.
Para la cartera de Igualdad, el 8M es «una jornada que invita a la reflexión colectiva, visibilizando problemáticas pasadas y actuales de las mujeres, en pos de lograr garantizar la plena efectividad de sus derechos hacia el futuro, pero comenzando en el presente».
El decreto recuerda además que la administración provincial resolvió en 2019, «como política de Estado, crear el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad», cuyo fin es «jerarquizar las acciones de gobierno tendientes a dar cumplimiento y plena efectividad a los derechos de las mujeres y diversidades».
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