El vocero presidencial y el Jefe de Gabinete confirmaron el cierre del organismo autárquico tras denuncias por irregularidades en contrataciones. Aseguran que la medida busca "transparentar" el sistema de pensiones y prestaciones
En un giro drástico de la política de seguridad social, el Gobierno nacional anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según informó el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, las funciones del organismo serán absorbidas de forma inmediata por el Ministerio de Salud, poniendo fin a ocho años de gestión autárquica de la entidad creada en 2017.
La decisión se toma en un clima de tensión, luego de que salieran a la luz presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones directas bajo la conducción saliente del organismo. «La Agencia tal como la conocemos dejará de existir», sentenció Adorni, subrayando que el traspaso administrativo busca centralizar el control y optimizar el gasto público en la cartera sanitaria.
La principal preocupación de los beneficiarios radica en la continuidad de las pensiones no contributivas. Desde la Casa Rosada intentaron llevar tranquilidad al sector, confirmando que los pagos no se verán interrumpidos, aunque advirtieron que se profundizará el proceso de auditoría.
Pagos: Se mantendrán a través del cronograma habitual de ANSES.
Auditorías: El Ministerio de Salud tendrá la potestad de revisar la legitimidad de los certificados otorgados, bajo la premisa de eliminar «intermediaciones innecesarias» y detectar fraudes en las asignaciones.
Trámites: El Certificado Único de Discapacidad (CUD) mantendrá su validez, pero su gestión administrativa pasará a depender de la nueva estructura ministerial.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la absorción de la ANDIS no requerirá de un debate legislativo, al tratarse de una reorganización administrativa de facultades propias de la Jefatura de Gabinete y la Presidencia.
«Buscamos la máxima eficiencia. La integración plena al Ministerio de Salud permitirá que las políticas de discapacidad dejen de ser un compartimento estanco y se integren a la red de salud pública nacional», explicaron fuentes oficiales.
El anuncio ya ha generado las primeras reacciones entre asociaciones de defensa de los derechos de personas con discapacidad, quienes manifiestan temor ante una posible burocratización de los servicios y el recorte de programas de asistencia directa que dependían de la caja autónoma de la agencia.
Por su parte, el Ministerio de Salud comenzará desde la próxima semana el inventario de recursos y personal para formalizar el traspaso técnico, en lo que representa uno de los últimos movimientos de reestructuración estatal del año.
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