El gobierno es querellante en la causa por el corte

La presidenta Cristina Kirchner firmó ayer el decreto por el cual faculta al procurador General del Tesoro, Joaquín da Rocha, para presentarse como querellante en la causa del corte de ruta que mantienen los asambleístas de Gualeguaychú. Así la querella quedará radicada el lunes próximo ante el juzgado federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Gustavo Pimentel.

El ministro de Justicia, Julio Alak, había hecho un llamamiento para que la asamblea “reflexione rápidamente” y levante el corte del puente General San Martín, ya que “la cuestión está terminada jurídicamente”, y afirmó que “la no aceptación de liberación del puente está generando la imposibilidad del control ambiental”.

En ese sentido, supeditó la conformación de una comisión integrada por científicos argentinos y uruguayos para que controlen el funcionamiento de la planta de Botnia en Fray Bentos, a un levantamiento de la medida de fuerza en Gualeguaychú.

“Uruguay nos está diciendo: «No podemos permitir que vengan a controlar nuestros territorios, nuestras plantas fabriles y nuestros ríos, mientras ustedes están en una situación de alzamiento contra una resolución internacional. Liberen el puente y conformemos la comisión para hacer los controles»”, dijo Alak.

El funcionario insistió con que “mantener el corte está impidiendo la materialización rápida de la puesta en marcha de esta comisión” (de control ambiental), y subrayó que el 95 por ciento de los argentinos “quiere que se levante el corte”.

Da Rocha se presentó el miércoles pasado a última hora en el juzgado de Concepción del Uruguay, a cargo de Gustavo Pimentel, para presentar al Estado nacional como querellante en la causa que instruye por el corte de ruta.

Ese día, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro Alak anunciaron durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada que el gobierno nacional demandaría penal y civilmente a los dirigentes de la protesta, y se instruyó a Da Rocha para que se haga la presentación en el juzgado entrerriano, lo que materializó esa misma noche.

Alak manifestó que tras el decreto que firmó la presidenta en las últimas horas “seguramente el doctor Pimentel nos va a tener como querellantes, y el Estado va a poder defender los derechos de la Nación, ya que caso contrario puede ser internacionalmente denunciada” por incumplimiento de sus funciones.

En el encuentro que mantuvieron a principios de mes en Anchorena, Uruguay, la presidenta argentina y su par uruguayo, José Mujica, se comprometieron a instruir a sus delegaciones ante la Comisión Administradora del Río Uruguay para que en 45 días establezcan “los términos y criterios para la puesta en marcha” del plan de monitoreo conjunto del río.

Por otra parte, el ministro Alak indicó: “Un sector de los medios de comunicación y sectores políticos estaban deseando que mandemos las fuerzas de seguridad al puente y saquemos a la gente a los palos, circunstancia que jamás vamos a hacer”.

“Terminaremos aplaudiendo a Botnia”

El ambientalista Juan Veronesi ratificó  la decisión de la Asamblea Ciudadana de mantener el corte de ruta y advirtió: “Si levantamos el corte van a terminar aplaudiendo a Botnia”.

El dirigente evaluó que fue “absolutamente inaceptable” la posición del gobierno nacional de denunciar a los ambientalistas ante la Justicia.

“Quiere decir que el Ejecutivo baja la bandera de la lucha contra Botnia y le da la razón a Uruguay. Hasta han dicho que no saben si la empresa contamina”, enfatizó. Veronesi explicó en declaraciones periodísticas que la Asamblea de Gualeguaychú “jamás” esperó una actitud “así” del gobierno que, en rigor, acata el fallo del tribunal de La Haya.