El Ministerio de Economía formalizó el proceso para incorporar capital privado en Nucleoeléctrica Argentina, con un plazo de 12 meses y la promesa de mantener la conducción estatal. También se creó un programa para que los trabajadores accedan al 5% de las acciones
El Ministerio de Economía dio el primer paso hacia la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). A través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, la cartera que conduce Luis Caputo deberá implementar el proceso en un máximo de doce meses y, en simultáneo, revisar el estatuto social de la compañía para adaptarlo a la incorporación de capital privado.
La medida incluye la creación de un Programa de Propiedad Participada que otorgará a los trabajadores el 5% del capital accionario. La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial será la encargada de coordinar su administración, junto con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fin de asegurar la participación del personal en la nueva estructura societaria.
La Secretaría de Energía, por su parte, tendrá bajo su órbita la confección del inventario de bienes y toda la documentación técnica, societaria y contractual para avanzar con la licitación. También deberá gestionar la valuación de las acciones de Nucleoeléctrica, a través de una entidad bancaria pública o, de no ser posible, por organismos internacionales o privados ajenos al proceso de compra.
Según el esquema definido, la venta de acciones se llevará a cabo mediante la plataforma oficial CONTRAT.AR, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 416/2025.
Profesionales vienen advirtiendo sobre la gravedad de la medida, haciendo foco, principalmente, en el hecho de que Nucleoeléctrica Argentina sostiene un entramado tecnológico único en Latinoamérica. En primer lugar, porque la base nuclea Atucha I y II, Embalse, el reactor modular CAREM, con más del 60% de avance, y otras plantas asociadas al ciclo del combustible nuclear, como la de Agua Pesada en Neuquén, Dioxitek en Córdoba, Pilcaniyeu en Río Negro, y empresas como CONUAR e INVAP, además de la histórica Comisión Nacional de Energía Atómica y el Instituto Balseiro.
La decisión de abrir el capital de NA-SA se inscribe bajo un contexto internacional marcado por tensiones entre Estados Unidos y China respecto a la energía nuclear. Mientras tanto, Washington presiona a la Argentina acumulando condiciones para otorgar el polémico préstamo directamente desde el Tesoro estadounidense, sumado al del FMI, otro de sus intentos para frenar la construcción de Atucha III con tecnología china, mientras promueve la llegada de inversores norteamericanos.
Incluso el titular de la empresa Demian Reidel reconoció que el interés sería, en gran parte, por «la exportación de uranio y combustibles nucleares a Estados Unidos”, en un escenario donde las oportunidades de inversión, como advirtió el secretario del Tesoro Scott Bessent, “son amplias”.
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