El gobierno tiene decidido recortar y pesificar los pagos destinados a la generación de electricidad. Esto conforma un 50% del costo de la tarifa que reciben los usuarios en sus boletas. La medida implicará un ahorro superior a los 300 millones de dólares para el Estado.
Se trata de una de las primeras jugadas fuertes de la gestión Fernández en materia energética. Luego de que el gobierno de Mauricio Macri diera vía libre a las empresas que concentran el mercado de generación eléctrica, la secretaría de Energía conducida por Sergio Lanzani restará una importante masa de ingresos a las empresas del sector.
De la quita de ingresos de hasta el 30% forman parte la italiana Enel (controlante de la distribuidora Edesur), la estadounidense AES, y las locales Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), y Central Puerto (en manos de accionistas como Nicolás Caputo, Carlos Miguens y Eduardo Escasany).
En 2019, el Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) alcanzó los 8.592 millones de dólares para obtener un equivalente a 38.500 Megavatios por Hora ( Mwh) de potencia. De ellos hay 26.000 Mwh que representan el 67% entre centrales térmicas e hidroeléctricas que reciben ingresos por 3.823 millones de dólares. Sobre ese monto que representa el 44% del total, hay unos 1.370 millones de remuneración fija por potencia disponible que aporta el Estado.
La diferencia se aplicará sobre este último ítem, ya que con la nueva resolución el gobierno nacional desembolsaría unos 1.026 millones de dólares, lo que generaría un ahorro de 328 millones de dólares para el Estado.