La provincia es la segunda en monto, después de Córdoba. Resta saber cuándo llegará para resolver el conflicto sin fin del servicio, con los usuarios de Rosario a pie por paros inéditos en extensión. El dinero proviene del Fondo Covid y se agrega al fideicomiso del impuesto al gasoil
El Ministerio de Transporte de la Nación reglamentó el Fondo Covid-19 para asistir a las provincias y por su intermedio a las empresas prestatarias de servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano, por 10.500 millones de pesos. Es a través de la resolución 196/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial. Santa Fe recibirá el segundo mayor subsidio, después de Córdoba.
De acuerdo con lo dispuesto por Transporte, los mayores montos de compensaciones se transferirán a las provincias de Córdoba, por 1.181,76 millones de pesos, Santa Fe, con 904,95 millones, y Mendoza, con 726,91 millones. Le siguen Tucumán, con 610,38 millones, Buenos Aires, con 454,34 millones, Salta, con 393,25 millones, Misiones, con 316,40 millones, y Jujuy, con 251,36 millones.
La resolución transfirió 6.500 millones de pesos desde el Fondo Covid al fideicomiso constituido por lo recaudado mediante la tasa del gasoil. El dinero será destinado a compensar al transporte público automotor urbano y suburbano en las provincias y los municipios.
La normativa precisa que el remanente entre los 10.500 millones del Fondo Covid-19 y el monto consignado ahora al fideicomiso, es decir 4.000 millones de pesos, “será aplicado a futuras compensaciones al transporte público urbano y suburbano del interior del país, a devengarse durante el año en curso”.
El sistema de transporte público de pasajeros de Rosario es uno de los más afectados por la ecuación en rojo de los costos y la recaudación, un problema que arrastra de años, con baja de usuarios, recortes de frecuencia y un círculo vicioso agravado ahora por la pandemia.
“Acá se votó una ley que nos permite asegurarnos 10.500 millones de pesos hasta fin de año para el sistema de transporte del interior. No puede ser que en un escritorio se trabe la llegada de los fondos, que son 210 millones de pesos en la acumulación de las primeras dos cuotas y el municipio no tiene manera de cubrir esa suma pese a todo lo que se ha ajustado”, se quejó la semana pasada el intendente Pablo Javkin sobre una demora que la resolución de este martes parece solucionar. La norma a la que hacía referencia el titular del Palacio de Los Leones es la 27.561, aprobada a mediados de junio último.
Javkin admitió entonces además que el sistema de transporte de Rosario “está limitado, hay problemas estructurales y lo hemos dicho desde el primer día, pero también hay cuestiones puntuales”. El funcionario prometió que el municipio seguirá trabajando para asegurar la sustentabilidad del sistema, más allá de las dificultades estructurales.
La resolución nacional impone ciertas obligaciones a los distritos que reciben la asistencia. El texto señala que «deben informar antes del 20 de septiembre de 2020, las bajas de empresas y/o servicios, ramales, líneas, frecuencias, más las modificaciones producidas por caducidades, transferencias y/o cesiones de los permisos para la prestación de servicios públicos provinciales y municipales y de la emisión de nuevos permisos de explotación de tales servicios ocurridas desde diciembre de 2018 a la fecha». También, las modificaciones en el personal (choferes, mecánicos y administrativos).
Otro de los requisitos, siempre resistido por Rosario, es suscribir conjuntamente con las empresas de transporte sobre las que tengan jurisdicción un compromiso de adhesión e implementación del sistema Sube. No es menor: el Estado nacional podrá acceder a los números de provincias y municipios, como la cantidad de pasajeros, los kilómetros recorridos y otras variables que integran las ecuaciones económicas y prestacionales de los servicios.
En ese sentido, sigue la resolución, deberán «presentar mensualmente la rendición de los fondos percibidos por el Estado Nacional«. Si eso no se cumple, o la información es inconsistente, la amenaza es suspender «preventivamente» la compensación.
Otro compromiso es mantener sin cambios los cuadros tarifarios vigentes al momento de la firma del segundo convenio (mediados de junio pasado).
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