El primer paso, según lo publicado en el Boletín Oficial este miércoles, incluye los segmentos del corredor vial 18 ahora a cargo de Caminos del Río Uruguay (Crusa). Es el que conecta tres de las cuatro naciones miembros del Mercosur
El gobierno de Javier Milei inició este miércoles 15 de enero su esquema de privatización de rutas nacionales, por el cual tramos y rutas que integran la Red Vial Nacional serán licitados dentro del plazo de un año para otorgar la concesión de los mismos por peaje. En el paquete se incluye la ruta 174, entre las ciudades de Rosario y Victoria a través del puente interprovincial.
La medida, anunciada hace algunos meses, quedó formalizada por el Decreto 28/2025 publicado en el Boletín Oficial. El texto indica que se otorgarán las concesiones «para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales«.
El lanzamiento del proceso de licitación del corredor 18 es el puntapié inicial para privatizar más de 8400 kilómetros de rutas nacionales que gestiona la estatal Corredores Viales.
El corrimiento del Estado sobre la estratégica red vial incluye los segmentos del corredor vial 18, desde 1990 a cargo de Caminos del Río Uruguay (Crusa). Ese contrato venció en octubre de 2023 y tras dos prórrogas consecutivas, finaliza de manera definitiva el 9 de abril de 2025.
Abarca más de 600 kilómetros de rutas, incluidos pasos fronterizos con Uruguay y Brasil. Es crucial no solo para la región del Litoral argentino, sino también para la conexión con los países del Mercosur, vital para el comercio internacional. Además del Puente Rosario-Victoria estarán sujetas a concesión la ruta 12, desde Zárate a Ceibas y desde Ceibas hasta Gualeguay. También la 14, de Ceibas hasta Paso de los Libres, la 135 desde Colón a General Artigas, la A-015 de Concordia a Represa Salto Grande y la 117 de Paso de los Libres a Agustín P. Justo y desde ahí hasta el límite internacional entre la Argentina y Brasil.
Privatización de rutas naci… by Claudio de Moya
«Vamos a empezar con el corredor vial 18. Lo vamos a dividir en dos tramos. Por un lado, el oriental, que sería las rutas nacionales 12 y 14, y el que hoy le dicen conexión, que es el puente Rosario – Victoria«, explicaron desde Vialidad Nacional a La Nación.
«Con el fin de reducir el gasto público resulta conveniente delegar en el sector privado la conservación y el mantenimiento de tramos de rutas nacionales cuya gestión se encuentra actualmente a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad», argumentaron desde el Gobierno.
El Ejecutivo también detalló la incorporación de «un nuevo tramo de la Ruta Nacional 12, entre las localidades de Ceibas (empalme con la Ruta Nacional 14) y el empalme con la Ruta Provincial 16, dando de esta manera continuidad a la ruta 12 hasta la localidad de Gualeguay, en Entre Ríos, y la calzada de rodamiento del Puente Internacional Agustín P. Justo hasta el límite internacional de la Argentina con Brasil, Ruta Nacional 117».
«El corredor vial 18 es de suma importancia, no solo para la región del Litoral argentino sino para todo el Mercosur, al conectar tres de las cuatro naciones miembros de ese organismo intergubernamental por vía terrestre, además de incluir en su traza la conexión a la Represa Binacional Salto Grande», se añadió.
El vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado la decisión del Ejecutivo de privatizar las rutas nacionales con el argumento de que «implicaban una pérdida de dinero del presupuesto que se financia de los contribuyentes» y que «el resultado está a la vista en cómo están».
«Esto rompe con una participación monopólica y se habilita la participación de cualquier empresa que cumpla con los requerimientos. De esta forma, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos sin la intervención de la Ley de Obra Pública», sostuvo a tono con el discurso libertario el vocero.
El decreto publicado este miércoles también le da la facultad al Ministerio de Economía de lanzar el llamado a licitación, aprobar los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas, el texto del contrato y toda la documentación necesaria para el proceso, junto al dictado del acto administrativo de adjudicación.
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