El gobierno quiere más negocios para el capital y facilita el sobreendeudamiento de las pymes

Randy Stagnaro / Tiempo Argentino

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentó este lunes un proyecto que reduce las trabas a la circulación de capital, traslada cierta parte del riesgo de los créditos desde el acreedor al deudor y facilita el cobro de las deudas en caso de impago.

Esta iniciativa puede inscribirse en la larga lista de propuestas para facilitar la circulación de capital y sus negocios, para lo cual tiran abajo regulaciones y controles. Un caso similar es la posibilidad de que empresas que no facturan en dólares puedan tomar créditos en esa moneda. El riesgo se concentra en el deudor.

En un contexto de estrés económico y financiero, puesto en evidencia en la caída de la producción y las ventas, de un lado, y el aumento de la morosidad en las pymes, del otro, la propuesta puede generar un mayor grado de insolvencia en las empresas.

Sturzenegger, acompañado por Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y autoridades del Banco Central, describió el proyecto en los términos que suele emplear para las iniciativas oficiales.  “Es un proyecto de mercado de capitales que tiene dos grandes ejes: el eje de la simplificación, de la desregulación, de la mayor libertad en los bienes que podés prendar, en los instrumentos que podés usar y cómo armás los contratos”, dijo. El otro eje es el de ampliar las garantías a las que puede apelar el deudor para tomar un crédito.

La propuesta oficial plantea ampliar la cantidad de bienes que pueden servir como garantía para un crédito. Hasta ahora, se limitan a los productos agrícolas existentes; ahora se podrán sumar cosechas aun no realizadas y tickets de ventas en cuotas, entre otras posibilidades.

Para darle más seguridad a los acreedores, se crea un registro de bienes puestos en garantía a fin de controlar la cantidad de veces que un bien es empleado con ese fin. Y se facilita el procedimiento de ejecución de la prenda en caso de impago por parte del deudor. Pero, al mismo tiempo, elimina la obligatoriedad de contratar seguros para darle cobertura al acreedor en nombre de una reducción de costos.

Riesgos

En el contexto de estrés económico y financiero que atraviesan las micro, pequeñas y medianas empresas en Argentina, esta reforma se puede convertir en un arma de doble filo especialmente para el deudor.

Desde el gobierno defienden la medida con el argumento de que el proyecto está diseñado para aliviar la asfixia crediticia de las pymes mediante la flexibilización y multiplicación de canales de financiamiento al ampliar los instrumentos para tomar deudas o garantizarlas. Pero esa asfixia está determinada por el derrumbe del mercado interno y la reducción de trabas a las importaciones.

Al mismo tiempo, la desregulación tiende a asentar el poder de negociación en el lado de la oferta de capital, es decir, los prestamistas e inversores. Esto se observa en la eliminación de la exclusividad bancaria para ejecutar prendas rápido, porque por esa vía se fortalece la posición del tenedor del capital para recuperar el dinero en caso de impago, acelerando el embargo o pérdida de los activos de la empresa.

También otorga mayor protección y facilidades para el cobro del acreedor con la creación del “Sistema Federal de Registro de Garantías”, en manos del Banco Central, que permite controlar el uso de las prendas y según el riesgo, habilita a segundas y terceras prendas para el mismo bien.

Por otro lado, hay una transferencia de riesgos al deudor: al permitir el endeudamiento sobre cosechas o activos futuros en un contexto de volatilidad económica, deposita un riesgo elevado en la pyme. Si la producción falla, la empresa queda desprovista de su sustento futuro y el acreedor ejecuta la garantía.

En paralelo, la eliminación de la obligatoriedad de coberturas y seguros y la reducción de controles de organismos de supervisión abaratan el costo inicial, pero deja desprotegido al eslabón más débil de la cadena en caso de un evento adverso o siniestro.

Es decir, el gobierno vende el proyecto como un “beneficio mutuo” porque da mayores certezas, garantías de cobro y velocidad de ejecución a los dueños del capital, lo que derivaría en incentivos a que liberen fondos al mercado y esto, a su vez, abarataría y multiplicaría el crédito disponible para las pymes.

Pero, en la realidad de un contexto de estrés económico y financiero existe el riesgo de que el beneficio sea asimétrico. Si las pymes operan con márgenes caídos o caídas de ventas, la mayor oferta de crédito en condiciones desreguladas puede convertirse en una trampa de sobreendeudamiento, donde los dueños del capital obtienen mejores instrumentos de cobro y resguardo, mientras que las empresas asumen un riesgo operativo y patrimonial mucho mayor.