El gobierno ratificó la decisión de que los seguros dejen de dar el servicio de grúas

El gobierno confirmó que no se revertirá la decisión de modificar el servicio de grúas ofrecido por las compañías aseguradoras en todo el país. Esta modificación implica que las aseguradoras ya no estarán obligadas a incluir servicios de remolque y auxilio mecánico en sus pólizas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó esta postura durante una conferencia:: «No vamos a dar marcha atrás con la decisión sobre el servicio de grúas para los seguros de auto». Esto fue en respuesta a preguntas sobre si la medida tomada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) sería reconsiderada ante las diversas presentaciones judiciales en su contra.

Como resultado, se espera que a partir del 1 de julio entre en vigor la controvertida medida anunciada por la SSN, que elimina la obligación de las aseguradoras de incluir servicios de grúa y asistencia mecánica en las pólizas de autos.

Esto ocurre a pesar de que la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA) ha iniciado una acción colectiva contra la Resolución 217/24, buscando la nulidad del artículo 2°, que modifica las condiciones del servicio de remolques en las pólizas de seguro.

Además de la nulidad de dicho artículo, ACUDA solicitó una medida cautelar para mantener los servicios de remolque bajo las condiciones anteriores a la entrada en vigor de la resolución impugnada. La asociación argumenta que “esta modificación intempestiva significará que los consumidores deban pagar mucho más por un servicio indispensable como el de acarreo».

La medida se estableció mediante la Resolución SSN 217/2024, la cual modificó el Reglamento de la Actividad Aseguradora, otorgando un plazo de hasta 90 días para implementar este cambio. Una vez finalizado este periodo, la modificación se aplicará a cada usuario al renovar su póliza de seguro.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) sostiene que esta medida permitirá un mayor desarrollo de la oferta y brindará a los ciudadanos la posibilidad de elegir el precio y servicio que mejor se ajuste a sus necesidades y criterios.