El Ejecutivo desafía al Congreso, que ratificó la norma con mayorías agravadas tras el veto presidencial, y a la Justicia que le ordenó cumplirla en primera y segunda instancia. Luego de una nueva argucia de recurso ante la Corte Suprema, tensa el conflicto ofreciendo un mínimo incremento a docentes y no docentes para abril
A la vez que el Gobierno nacional continúa sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 y demora la transferencia de recursos a las casas de estudios superiores, sumó esta semana más presión al conflicto al disponer, sin consulta con gremios ni rectores, un aumento salarial del 1,7% para los sueldos de docentes y no docentes correspondiente a abril. La cifra implica más pérdida de poder adquisitivo dado el 36,4% de inflación oficial de marzo.
El incremento fue comunicado a través de un instructivo de la Subsecretaría de Políticas Universitarias enviado a todas las universidades del país. Esquivando las paritarias.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) denunció por inconsulta la decisión y destacó que la cifra está «muy por debajo del índice inflacionario».
El 1,7% de aumento echa leña al fuego en un conflicto marcado por la desobediencia del Ejecutivo a lo aprobado y ratificado por el Congreso y a dos fallos de la Justicia.
La Ley de Financiamiento Universitario establece la obligación del Poder Ejecutivo de convocar a la negociación paritaria, recomponer los salarios y garantizar actualizaciones periódicas acordes a la inflación.
Esa obligación «se encuentra vencida e incumplida», advirtió el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.
El Gobierno reaccionó con una nueva argucia al fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que ordenó, como antes en primera instancia, «el cumplimiento inmediato de dos de las normas de la ley 27.795». En particular, los artículos 5 y 6, primer párrafo, que establecen la actualización de los salarios de los docentes y no docentes.
A pocas horas de vencer el plazo legal dado por la Cámara para transferir 2,5 billones de pesos correspondientes a las universidades, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar la aplicación de la ley.
En los hechos, la presentación implica una nueva dilación tanto de la transferencia de fondos como de la recomposición salarial.
El recurso, además, incluye una insólita solicitud de excusación de los magistrados de la Corte Suprema por su condición de docentes universitarios. Y pide que se designen conjueces para el tratamiento del caso.
Esa misma objeción había realizado el Ejecutivo ante la Cámara previo al fallo en primera instancia, pero fue desestimada.
«Desde la Universidad Nacional de Rosario se considera que esta acción del Gobierno Nacional constituye una estrategia dilatoria que busca postergar el cumplimiento efectivo de la ley y vulnera los derechos de quienes integran la comunidad universitaria», señala un comunicado de la UNR.
Los gremios docentes y no docentes estimaron que la pérdida salarial acumula 17 meses consecutivos. Y que solo en 2025 la caída fue de 35 puntos respecto de la inflación, mientras que en 2024, con un aumento de precios del 118%, no hubo aumentos.
En términos acumulados, dijeron, el retroceso alcanza los 141 puntos, llevando el poder adquisitivo a niveles similares a los de 2002.
El Consejo Interuniversitario Nacional, que integran los rectores de todas las universidades públicas, agregaron que los fondos destinados a gastos operativos registran un recorte cercano al 45% en los últimos dos años. Alertaron, de nuevo, que ese desfinanciamiento limita actividades académicas, de investigación y extensión en todo el país.
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales exigió la convocatoria urgente a paritarias y el cumplimiento integral de la ley. «Si no hay convocatoria, continúa el deterioro salarial en todo el sistema universitario», señaló. En la misma línea, los no docentes afiliados a FATUN reclamaron paritarias libres y el respeto de la normativa vigente.
Rectores, gremios docentes, nodocentes y estudiantes ya anticiparon una nueva Marcha Federal para visibilizar el conflicto, en defensa de la universidad pública argentina.
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