El Grupo A busca cerrar fila

Los 29 proyectos existentes sobre derechos a las exportaciones agropecuarias continúan dividiendo al arco opositor, que no consigue alinearse detrás de un texto consensuado debido a la amplia gama de variantes planteada en cada una de las iniciativas. Cabe recordar que el 24 de este mes terminan las facultades delegadas al Ejecutivo nacional, entre las que se cuenta la de fijar las alícuotas de las retenciones a la venta de granos al mercado exterior.

En la última reunión de la comisión de Agricultura, que preside el agrodiputado radical formoseño Ricardo Buryaile, desarrollada el martes pasado, se decidió encomendarles a los asesores de los legisladores opositores que intenten buscar el punto de equilibrio entre todos los textos a partir de un trabajo de comparación y análisis.

Algunos diputados, entre ellos el socialista Lisandro Viale (Santa Fe), propusieron que para esclarecer el tema y simplificar el trabajo hacía el futuro se agrupen las iniciativas de acuerdo a tres temáticas de análisis.

En este sentido, se encuentran las iniciativas que se refieren a la segmentación de las retenciones según la escala de producción; las que las disminuyen o las eliminan según el producto y las que hablan de compensaciones según el nivel del productor.

Dentro de estas variadas líneas de propuestas se contabilizan proyectos de los referentes de los bloques que integran el Acuerdo Cívico y Social, de la Colación Cívica, del PRO, del Peronismo Federal y también de Proyecto Sur, entre otras fuerzas.

Desde la Federación Agraria Argentina, representada en la Cámara baja y en la comisión por los diputados radicales Ulises Forte y Pablo Orsolini, ex directivos de la entidad, se propone la segmentación de la alícuota según la cantidad de toneladas producidas. La FAA rechazó esta misma propuesta en 2008 cuando el gobierno nacional impulsó retenciones móviles con rebaja para pequeños productores.

En la variante que promueve ahora Federación Agraria se encolumnan, además del radicalismo, el socialismo, el GEN, algunos de los diputados que integran el interbloque de Proyecto Sur y una mayoría del denominado Peronismo Federal, que encabezan Felipe Solá y Francisco de Narváez.

Más matices dentro de ese sector denominado Grupo A existen en torno a la idea de establecer un régimen de compensación mediante la devolución total o parcial de la alícuota de cada derecho en beneficio de los pequeños productores, sobre todo a partir de los parámetros para definir a los mismos.

Diferenciada con esta variante se encuentra la Coalición Cívica, que con su posición en este tema, planteada en conferencia de prensa hace veinte días, presagió lo que sucedió la última semana, cuando, por otros motivos, Elisa Carrió anunció su alejamiento del Acuerdo Cívico y Social. El portazo de Lilita se dio después de que el gobernador socialista Hermes Binner y el diputado de la UCR Ricardo Alfonsín dijeran que le correspondía al Ejecutivo nacional fijar las alícuotas a la venta exterior de cereales y oleaginosas.

El bloque que lidera Carrió prevé la eliminación completa de retenciones a las exportaciones para el trigo, el maíz, el girasol, el sorgo y los productos de economías regionales. En tanto que, para el caso de la soja, el proyecto baja la alícuota en un 10 por ciento.

Fuera del Acuerdo Cívico, parte de los bloques de la denominada centroizquierda, compuesta por Buenos Aires para Todos y Solidaridad e Igualdad, entre otros, se sugiere establecer porcentajes de los derechos de exportación de acuerdo a la evolución de los precios internacionales y con un tope del 75 por ciento.

Del otro lado del arco opositor, el PRO, cuya cara visible en la comisión de Agricultura es Christian Gribaudo, elaboró un proyecto que establece que un porcentaje de las retenciones se pueda imputar al pago del Impuesto a las Ganancias.

Por su lado, el kirchnerismo defendió la semana pasada en la reunión de comisión el actual régimen de derechos de exportación al fundamentar: “Con el tema de la soja estamos trabajando en vista de un país federal, por eso lo que se obtiene por retenciones se distribuye entre todas las provincias”.